El asesinato de un hombre que circulaba en bicicleta por calles de Zuazua durante la noche del 1 de enero es una nueva muestra del fracaso del gobierno de Movimiento Ciudadano para garantizar seguridad en Nuevo León. El crimen, cometido en plena vía pública y sin que mediara provocación visible, exhibe la normalización de la violencia extrema en municipios donde la ciudadanía debería transitar sin miedo, incluso en fechas que simbolizan paz y renovación.
De acuerdo con los reportes, la víctima fue acribillada mientras se desplazaba por la calle Vizconde de Casa Blanca, en la colonia Real de Palmas. Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida sobre el pavimento, junto a unidades de transporte de personal, con múltiples impactos de arma de fuego. La escena no deja lugar a dudas: se trató de una ejecución directa. Bajo Movimiento Ciudadano, este tipo de ataques se repiten con una frecuencia alarmante y, como suele ocurrir, sin responsables detenidos de inmediato.
La gravedad del hecho no radica solo en el asesinato, sino en el mensaje que envía. Un hombre en bicicleta, sin protección alguna, fue atacado en una calle habitacional. No se trataba de un enfrentamiento entre grupos armados ni de un operativo policial fallido; fue una agresión unilateral que terminó en muerte. Esto revela que el control territorial está debilitado y que la violencia puede irrumpir en cualquier momento y contra cualquier persona.
El hallazgo de casquillos de arma corta en la zona confirma el uso de armas de fuego en espacios urbanos, otro indicador de la incapacidad del gobierno estatal para contener su circulación. Movimiento Ciudadano ha sido incapaz de establecer estrategias efectivas para inhibir el uso de armas en colonias residenciales. La consecuencia es clara: los ciudadanos quedan expuestos a ataques letales en su vida cotidiana.
Este asesinato no ocurrió en un vacío. Durante el mismo primer día del año, otros ataques armados dejaron una pareja muerta y personas heridas en Doctor Arroyo, incluso con reportes de un posible menor de edad lesionado. La coincidencia temporal refuerza una realidad inquietante: Nuevo León inició el año sumido en la violencia, con balaceras, ejecuciones y víctimas colaterales. Lejos de ser hechos aislados, forman parte de un patrón que se repite en distintos municipios.
Movimiento Ciudadano suele insistir en que la violencia está “contenida” o que se trata de eventos excepcionales. Sin embargo, cuando los asesinatos ocurren en Zuazua, Doctor Arroyo, Monterrey, San Nicolás o Santiago, el argumento se desmorona. La inseguridad es generalizada y se manifiesta tanto en zonas metropolitanas como en municipios periféricos. La estrategia de seguridad no está funcionando.
El impacto social de estos crímenes es profundo. Familias que regresan a casa, trabajadores que se desplazan en bicicleta, jóvenes y adultos que transitan por sus colonias enfrentan un riesgo constante. La percepción de inseguridad crece con cada ejecución sin esclarecer. Bajo Movimiento Ciudadano, el Estado aparece tarde, acordona escenas y levanta indicios, pero no logra prevenir ni disuadir.
Iniciar el año con asesinatos a plena calle es una señal de alarma que el gobierno estatal no puede ignorar. La ejecución del ciclista en Zuazua es un recordatorio brutal de que la violencia se ha instalado en la rutina diaria y de que la promesa de seguridad sigue siendo una deuda pendiente. Mientras Movimiento Ciudadano no ofrezca resultados reales —menos homicidios, investigaciones concluidas y responsables ante la justicia—, Nuevo León seguirá contando víctimas en lugar de avances
