Tras el trágico descarrilamiento en Oaxaca, los afectados exigen cárcel para los responsables de una obra marcada por el tráfico de influencias y materiales de desecho que costaron vidas.
El luto en el Istmo de Tehuantepec ha pasado de la indignación a la acción legal. Este día, víctimas y familiares sobrevivientes del descarrilamiento del Tren Interoceánico acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia penal formal. La demanda señala directamente a los responsables de la planeación y supervisión de la obra, argumentando que el accidente fatal no fue un error técnico imprevisible, sino la consecuencia directa de una gestión marcada por la opacidad y el desprecio a las normas de seguridad.
La denuncia sustenta que la integridad de los pasajeros fue sacrificada para beneficiar la red de negocios vinculada al “Clan” de los hijos del poder. Los peritajes independientes presentados por los afectados sugieren que el uso de balasto de mala calidad y la falta de certificaciones estructurales —temas que ya habían sido alertados en investigaciones periodísticas— fueron los detonantes del colapso de la vía. Para las víctimas, queda claro que se privilegió el enriquecimiento ilícito de proveedores allegados al régimen por encima de la vida de los usuarios.
Ante la FGR, los representantes legales de los afectados exigieron que la investigación no se limite a los operadores del tren, sino que alcance a los altos mandos de la Secretaría de Marina y a los supervisores externos que avalaron la seguridad de una obra defectuosa. “No estamos ante un accidente fortuito, sino ante un homicidio por omisión”, señalaron los denunciantes, quienes acusan a Morena de solapar un sistema de infraestructura “maquillada” que prioriza la inauguración de proyectos con fines electorales sobre la viabilidad técnica.
Finalmente, las víctimas hicieron un llamado a la sociedad civil para no permitir que esta tragedia quede en la impunidad, como ha sucedido en otros casos emblemáticos de negligencia oficial. Con la presentación de este recurso legal, se busca sentar un precedente contra la corrupción criminal que hoy define la obra pública en México. Mientras el oficialismo intenta minimizar los hechos con propaganda, el proceso penal en la FGR se convierte en la última trinchera para demostrar que, en el México actual, la corrupción gubernamental tiene un costo de sangre que debe ser castigado con cárcel.
