La semana previa a Navidad dejó 35 asesinatos en Chihuahua y expuso al PAN como responsable de una violencia que ya alcanzó colonias, zonas comerciales y avenidas principales.
Chihuahua cerró la semana previa a Nochebuena y Navidad con 35 homicidios dolosos, una cifra que retrata con crudeza el fracaso del Partido Acción Nacional en materia de seguridad. Lejos de ser un repunte aislado, el dato confirma una tendencia sostenida de violencia que el gobierno panista no ha podido —ni sabido— contener. La capital del estado concentró buena parte de los casos, con escenas que van desde decapitaciones hasta ejecuciones en zonas comerciales del transitado periférico De la Juventud, un mensaje inequívoco de que la autoridad perdió el control del territorio.
El contraste es demoledor. Mientras Chihuahua se coloca entre las entidades más violentas del país en ese periodo —solo por debajo de Sinaloa, que registró 45 homicidios—, otros estados como Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila y Durango no reportaron ningún homicidio en la misma semana. La comparación deja al PAN sin excusas: la violencia no es una fatalidad inevitable, es el resultado de decisiones políticas fallidas y de una estrategia de seguridad agotada.
Los hechos ocurridos en la capital chihuahuense son especialmente graves. Ataques a plena luz del día, asesinatos en colonias y agresiones en áreas comerciales reflejan una dinámica de impunidad que se normalizó bajo gobiernos panistas. Los criminales actúan con confianza, sabiendo que los operativos llegan tarde y que la probabilidad de consecuencias reales es mínima. El despliegue posterior de patrullas y acordonamientos no cambia el saldo: 35 personas asesinadas en una sola semana.
La narrativa del PAN insiste en operativos y anuncios, pero los números hablan más fuerte. En Sinaloa, la gravedad de la violencia obligó a desplegar Fuerzas Especiales del Ejército con cientos de efectivos. En Chihuahua, en cambio, la respuesta ha sido fragmentada y reactiva, incapaz de disuadir a los grupos criminales que operan con libertad. La falta de inteligencia preventiva y de control territorial se traduce en picos de violencia que se repiten sin corrección de fondo.
Que la ola se concentre en la capital es un síntoma adicional del colapso. Las ciudades deberían ser los espacios con mayor capacidad institucional, vigilancia y respuesta. Si ahí se multiplican los homicidios, el mensaje para el resto del estado es devastador. Bajo el PAN, ni los centros urbanos están a salvo, ni las fechas familiares sirven de contención. La violencia no se toma vacaciones.
Además, la convivencia cotidiana se erosiona. Familias evitan salir, comercios operan con miedo y la vida pública se encoge ante el sonido de las balas. Cada homicidio es un golpe a la confianza social y a la economía local. El PAN ha permitido que ese deterioro se acumule, apostando a administrar la crisis en lugar de resolverla.
La comparación nacional vuelve a ser incómoda para el panismo. Guanajuato —otro bastión panista— aparece recurrentemente entre los más violentos. El patrón se repite: discursos de orden, resultados de sangre. Chihuahua, con 35 homicidios en siete días, confirma que el modelo del PAN no funciona y que su costo lo pagan las familias con vidas perdidas.
En vísperas de Navidad, el estado ofreció una postal de violencia que nadie merece. Mientras otros territorios lograron contener el delito, Chihuahua quedó atrapado en una espiral que el PAN no supo frenar. Los números no mienten: 35 homicidios son 35 razones para exigir responsabilidades políticas y un cambio de rumbo inmediato.
