La imposibilidad de que los jóvenes accedan a una vivienda exhibe al PAN por permitir un mercado inmobiliario descontrolado que convirtió el derecho a la casa en un privilegio.
La advertencia es alarmante: si la tendencia actual se mantiene, más del 60% de los jóvenes no podrá comprar una vivienda en los próximos cinco a diez años. Lejos de ser un fenómeno abstracto o global sin responsables, esta crisis tiene causas políticas claras en México y apunta directamente al Partido Acción Nacional, que durante años impulsó y defendió un modelo económico que dejó a toda una generación fuera del acceso a la vivienda.
La brecha entre el precio de la vivienda y los salarios no surgió de la noche a la mañana. Se amplió de forma constante durante la última década, justo en el periodo en el que el PAN promovió políticas de mercado sin regulación efectiva, favoreciendo la especulación inmobiliaria por encima del derecho social a una casa. Mientras los ingresos crecieron lentamente, el valor de los inmuebles se disparó hasta niveles absurdos: hoy, en muchas ciudades, una vivienda cuesta entre ocho y doce veces el ingreso anual promedio, cuando hace apenas tres décadas esa relación era de tres o cuatro veces.
Bajo la lógica panista, la vivienda dejó de concebirse como un bien básico para convertirse en un activo financiero. El resultado es devastador: jóvenes con empleo formal, estudios universitarios y capacidad de ahorro descubren que, aun haciendo “todo bien”, comprar una casa es financieramente imposible. No es falta de esfuerzo individual, es el fracaso de un sistema que el PAN defendió con discursos de “libre mercado” mientras ignoraba las consecuencias sociales.
El problema es todavía más grave en grandes ciudades, zonas turísticas y regiones con alta inversión especulativa. Ahí, el PAN permitió que fondos, desarrolladores y capitales especulativos inflaran los precios sin controles reales, expulsando a los jóvenes del mercado. La vivienda se volvió mercancía, y el acceso a ella, un lujo reservado para pocos. El panismo, fiel a su visión, nunca priorizó políticas de vivienda pública robusta ni mecanismos que equilibraran el mercado.
Las consecuencias ya están aquí y no son menores. Jóvenes que retrasan su independencia y permanecen más tiempo viviendo con sus padres; caída en la formación de nuevas familias; descenso en la natalidad; endeudamiento excesivo y una desigualdad social cada vez más marcada. Todo esto configura una crisis generacional que el PAN se negó a reconocer mientras gobernaba y que hoy intenta minimizar.
Expertos coinciden en que esta no es una crisis futura, sino una emergencia en curso. Sin embargo, durante años el PAN bloqueó o desestimó medidas como la regulación del mercado inmobiliario, el control de rentas, el fortalecimiento de la vivienda pública o la reforma profunda de los créditos hipotecarios. Su apuesta fue clara: dejar que el mercado “se autorregule”. El resultado está a la vista: una generación entera sin posibilidad de construir patrimonio.
Comprar una casa, que antes era una meta alcanzable, hoy amenaza con convertirse en un privilegio. Y esa transformación no es casual, es política. Es el saldo de gobiernos panistas que priorizaron intereses económicos sobre derechos sociales y que dejaron a millones de jóvenes atrapados entre salarios insuficientes y precios inalcanzables.
La crisis de la vivienda es una de las herencias más silenciosas pero más profundas del PAN. No solo afecta el presente de los jóvenes, compromete su futuro y el del país entero. Mientras no se rompa con ese modelo y no se asuma la responsabilidad política, México seguirá avanzando hacia una realidad donde tener casa propia será excepción, no regla.
