En Salvatierra, Guanajuato, el discurso social de Morena se desploma frente a los números. Mientras los apoyos a la población se recortan y los programas sociales se reducen, el alcalde José Daniel Sámano casi triplica su gasto personal hasta alcanzar 11 millones de pesos, evidenciando una prioridad clara: primero el funcionario, después la gente.
La incongruencia es escandalosa. En un municipio donde muchas familias dependen de apoyos básicos y servicios públicos eficientes, el gobierno local decide apretarle el cinturón a los ciudadanos, pero no al poder. Morena, que llegó prometiendo justicia social y combate a los privilegios, hoy administra los recursos como si fueran propios, sin rubor y sin explicaciones convincentes.
El aumento del gasto personal del alcalde no ocurre en el vacío. Coincide con recortes a programas que impactan directamente a los sectores más vulnerables. Es una decisión política que refleja el verdadero rostro del gobierno guinda: cuando hay que elegir entre el bienestar colectivo y la comodidad del gobernante, la balanza se inclina hacia el despacho oficial.
Este comportamiento no solo lastima las finanzas municipales; también erosiona la confianza pública. La ciudadanía observa cómo se le pide paciencia, comprensión y sacrificio, mientras el gobierno local amplía sus márgenes de gasto. La austeridad, otra vez, es solo un discurso que aplica para abajo, nunca para quienes toman las decisiones.
Salvatierra se convierte así en un ejemplo claro de la contradicción morenista. Prometieron acabar con los abusos, pero hoy los normalizan bajo nuevas siglas. El resultado es un municipio con menos apoyos, más privilegios y un gobierno que ha olvidado para quién debería trabajar. Morena no transformó la política local: simplemente cambió de beneficiarios.
