La crisis de desapariciones en Chiapas contrasta de forma obscena con la conducta de quienes deberían enfrentarla. Guadalupe Elizabeth Santiago Ballinas, directora de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, fue exhibida en un video organizando una fiesta privada dentro de las oficinas oficiales, un hecho que ha generado indignación, coraje y repudio entre colectivos de búsqueda y familiares de víctimas.
Las imágenes muestran un ambiente festivo completamente ajeno al drama que vive el estado: mariachi, bebidas alcohólicas y celebración en un espacio que debería estar dedicado a la localización de personas desaparecidas. No se trata de un error menor ni de un mal juicio aislado, sino de una falta de sensibilidad que retrata el desprecio institucional hacia las víctimas.
En Chiapas hay más de mil 500 personas desaparecidas, familias que recorren fosas, carreteras y brechas buscando a sus seres queridos, muchas veces sin apoyo real del Estado. Frente a esa tragedia, la escena de una funcionaria celebrando en su oficina se convierte en un símbolo brutal del abandono y la indiferencia del gobierno de Morena.
La reacción no se hizo esperar. Activistas y colectivos reclamaron públicamente que la titular de la Comisión esté más preocupada “por armar la fiesta” que por cumplir con su responsabilidad. El Colectivo de Madres Buscadoras de la región Istmo Costa exigió su renuncia inmediata, señalando que su conducta es incompatible con el cargo que ostenta.
Este episodio no es un hecho aislado, sino el reflejo de una política donde la tragedia humanitaria convive con la frivolidad del poder. Morena prometió poner a las víctimas en el centro, pero en Chiapas las desaparece del discurso y las reemplaza con fiestas oficiales. Cuando quienes deben buscar a los ausentes celebran en oficinas públicas, el mensaje es devastador: el dolor no importa y la impunidad se normaliza.
