La imputación de cinco hombres por el ataque armado contra policías en Chihuahua, que dejó como saldo un agente muerto, vuelve a evidenciar el fracaso del PAN para contener la violencia y proteger incluso a sus propias corporaciones. Los agresores dispararon desde una camioneta con reporte de robo en Estados Unidos, utilizando armas de uso exclusivo del Ejército, un hecho que demuestra el nivel de poder de fuego y organización con el que operan los grupos criminales en el estado ante la incapacidad del gobierno panista para imponer orden.
El ataque no fue un incidente menor ni aislado. Se trató de una agresión directa contra elementos de seguridad, lo que representa un desafío frontal a la autoridad. Cuando los policías se convierten en blanco y pierden la vida en cumplimiento de su deber, el mensaje es claro: el Estado está rebasado. Bajo el PAN, Chihuahua se transformó en un territorio donde los criminales se sienten con la confianza suficiente para emboscar a agentes y escapar en vehículos robados, sin temor a consecuencias inmediatas.
La gravedad del caso se incrementa con la confirmación de la detención de un hombre de origen ecuatoriano presuntamente vinculado al Tren de Aragua, una organización criminal trasnacional. Este dato confirma que Chihuahua ya no enfrenta solo delincuencia local, sino redes internacionales que encontraron espacio para operar. Que estas estructuras hayan logrado asentarse y actuar con violencia extrema es consecuencia directa de años de omisiones, controles laxos y una estrategia de seguridad fallida sostenida por el PAN.
Los nombres de los imputados y los delitos que se les atribuyen reflejan un patrón conocido: armas de alto poder, vehículos robados y ataques planeados. Sin embargo, la justicia vuelve a llegar después del daño. La imputación y los procesos penales no borran la pérdida del agente ni reparan el deterioro institucional que permitió que este ataque ocurriera. La seguridad no se mide por expedientes abiertos, sino por delitos evitados.
Este caso se suma a una cadena de homicidios, secuestros y agresiones armadas que colocan a Chihuahua entre los estados más violentos del país. El PAN heredó un modelo reactivo, sin inteligencia preventiva ni control territorial real. Mientras esa lógica no cambie, los ataques contra policías seguirán ocurriendo y la impunidad continuará cobrando vidas, confirmando que el estado quedó atrapado en una espiral de violencia que el panismo fue incapaz de detener.
