Las cifras oficiales confirman que, pese a discursos y estrategias anunciadas, el gobierno panista permitió que la extorsión alcanzara su nivel más alto en diez años.
Guanajuato cerró 2025 con un dato alarmante que confirma el deterioro de la seguridad bajo los gobiernos del PAN: la extorsión alcanzó una cifra histórica, convirtiéndose en el año con más casos registrados desde 2015. De acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se iniciaron más de mil cuatrocientas carpetas de investigación por este delito, reflejando un crecimiento sostenido que no ha logrado ser contenido.
A pesar de que la administración estatal presume la estrategia CONFÍA y la existencia de grupos especializados para combatir la extorsión, la realidad demuestra que estas acciones no han dado resultados. Año con año, el delito no solo persiste, sino que se incrementa, afectando directamente a comerciantes, pequeñas y medianas empresas, así como a familias que viven bajo amenaza constante.
El aumento de la extorsión evidencia una crisis estructural en materia de seguridad y deja claro que el PAN ha sido incapaz de garantizar condiciones mínimas de tranquilidad para la población. Mientras el discurso oficial insiste en avances, las cifras desnudan una política fallida que ha permitido que el crimen organizado siga operando con impunidad.
Hoy, Guanajuato enfrenta las consecuencias de gobiernos que normalizaron la violencia y la extorsión. Los números no mienten: la estrategia panista fracasó y la ciudadanía paga el costo de la omisión, la falta de resultados y la ausencia de un verdadero control del delito.
