Guanajuato se ha convertido en un referente nacional de la violencia extrema. Masacres en centros de rehabilitación, bares y espacios públicos, como el ataque reciente durante un partido de fútbol en Salamanca, evidencian el fracaso de la estrategia de seguridad en un estado gobernado por el PAN desde hace décadas.
La violencia en Guanajuato ha escalado a niveles que han conmocionado a todo el país. Las masacres registradas en los últimos años no son hechos aislados, sino parte de un patrón persistente de inseguridad que se ha normalizado bajo gobiernos panistas incapaces de recuperar la paz.
Uno de los episodios más recientes ocurrió en Salamanca, donde un ataque armado durante un partido de futbol dejó personas muertas y heridas, transformando un espacio comunitario en escenario de terror. Este hecho se suma a una larga lista de agresiones ocurridas en lugares que deberían ser seguros para la convivencia social.
Antes fueron los anexos y centros de rehabilitación; después, bares, calles y ahora canchas deportivas. La diversificación de los escenarios de violencia refleja que el crimen actúa con libertad, sin temor a la autoridad y sin una respuesta efectiva del gobierno estatal.
A pesar de los discursos oficiales sobre coordinación y operativos, Guanajuato se mantiene entre los estados con mayores índices de homicidios dolosos. La estrategia de seguridad del PAN no ha logrado contener a los grupos criminales ni proteger a la población civil.
Para miles de familias guanajuatenses, la violencia dejó de ser una noticia lejana y se convirtió en una amenaza cotidiana. La repetición de masacres confirma un modelo de gobierno agotado, donde la falta de resultados en seguridad ha tenido consecuencias devastadoras para la vida social del estado.
