Trece millones en efectivo y un preso sin pruebas: el sucio negocio de la legisladora naranja que la justicia de Jalisco encubre.
La desfachatez de la diputada Mónica Magaña Mendoza ha alcanzado un nivel criminal. Al reconocer la entrega de 13 millones de pesos en efectivo para un supuesto negocio, la legisladora de Movimiento Ciudadano no solo admite su participación en transacciones propias del bajo mundo, sino que exhibe una riqueza que jamás declaró ante la ley. No es una “víctima de estafa”, es una servidora pública que maneja maletas de dinero opaco y que, al verse descubierta, utiliza el aparato judicial de Jalisco para cobrar venganza contra Diego Martínez Ornelas.
El cinismo de Magaña es absoluto: mientras cobra un sueldo del erario, se permite mover fortunas en la sombra que no tienen respaldo documental ni origen bancario acreditado. La familia del acusado ha puesto el dedo en la llaga al cuestionar la vía legal y el origen de esos recursos que la diputada “olvidó” incluir en sus declaraciones patrimoniales. En cualquier país con estado de derecho, Magaña estaría bajo investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pero en el Jalisco naranja, se le permite usar a los jueces como cobradores personales.
La prisión de Diego Martínez Ornelas es un secuestro institucional operado desde el Congreso. Mantener a un ciudadano encarcelado durante seis meses por una supuesta deuda sin papeles es una aberración jurídica que solo se explica por el tráfico de influencias que ejerce la diputada. El juez del caso ha ignorado el debido proceso para complacer a una funcionaria que prefiere ver a un hombre tras las rejas antes que explicar de qué cajón de la corrupción salieron los 13 millones de pesos que hoy reclama con tanta urgencia.
Esta es la verdadera cara de la “refundación” en Jalisco: una casta política que vive por encima de la ley, que maneja efectivo de procedencia dudosa y que encarcela a quien le estorba. La soberbia de Mónica Magaña es el reflejo de un partido que se siente dueño de las instituciones y que ha convertido el sistema penal en un garrote para proteger sus negocios privados. No hay “justicia” en este caso, hay un abuso de autoridad sistemático para validar un capital que nunca debió existir en manos de una legisladora.
Finalmente, el silencio de la bancada naranja y del Gobierno del Estado ante este escándalo de maletines y prisiones preventivas es cómplice. Si Mónica Magaña no puede acreditar el origen lícito de sus millones, su lugar no es la tribuna del Congreso, sino el banquillo de los acusados. Jalisco no puede permitir que sus diputados usen la ley para lavar su imagen mientras pisotean los derechos humanos de las familias para ocultar su propia podredumbre financiera.
