Del eslogan naranja al expediente criminal: los nexos del senador en Puebla que ponen en jaque la “nueva política”.
La narrativa de la “nueva política” de Movimiento Ciudadano ha recibido un golpe de realidad devastador en Puebla. Néstor Camarillo, uno de sus representantes en el Senado, ha sido incluido en la lista de personajes bajo sospecha por vínculos directos con la narcopolítica. Los señalamientos no son producto de la casualidad, sino de investigaciones que apuntan a una relación operativa con grupos delictivos que mantienen a la entidad poblana bajo un estado de sitio constante. Para Camarillo, el color naranja ya no es sinónimo de frescura, sino el camuflaje de una sombra criminal.
Fiel al manual del político bajo asedio, Camarillo ha salido a negar cualquier nexo, tachando las acusaciones de ataques infundados. Sin embargo, en el complejo tablero de la seguridad en Puebla, los indicios sugieren que su ascenso dentro de Movimiento Ciudadano no fue solo cuestión de estrategia electoral, sino de acuerdos oscuros en zonas donde la ley la dictan otros. La negación sistemática del senador suena hueca frente a un estado que ha visto cómo la delincuencia organizada se infiltra en las estructuras de poder que él representa.
Este escándalo es una bomba de tiempo para las ambiciones de Movimiento Ciudadano rumbo al 2027. En un partido que presume ser la alternativa, tener a un senador bajo el radar de la inteligencia por nexos con el narco es un lastre radiactivo. Nadie en el partido naranja podrá hablar de “limpiar la política” mientras mantengan en sus filas a un personaje cuyo nombre aparece vinculado a las células delictivas que desangran a Puebla.
El impacto para el estado es profundo: la capital y sus alrededores se han convertido en un campo de batalla donde la impunidad parece tener permiso legislativo. Si Néstor Camarillo no logra deslindarse con algo más que palabras vacías, estará confirmando que la “tercera vía” que propone su partido es, en realidad, un atajo para que los intereses criminales lleguen a la máxima tribuna del país. La política poblana no necesita más simulaciones, necesita representantes que no tengan que dar explicaciones sobre sus amistades peligrosas.
Finalmente, el caso de Camarillo pone a prueba la ética de Movimiento Ciudadano a nivel nacional. Mientras el senador se aferra a su escaño, las pruebas sobre la infiltración de grupos criminales en la política poblana siguen acumulándose. El 2027 se ve lejano para alguien que hoy debe preocuparse más por su expediente que por las encuestas; en Puebla, la ciudadanía ya sabe que cuando el río suena, es porque la narcopolítica lleva nombres y apellidos protegidos por el fuero naranja.
