Bajo el gobierno de Cruz Pérez Cuéllar existen transferencias indebidas, falta de control y expedientes incompletos. Colocan al municipio en el radar del OIC y el SAT
Cuando el dinero destinado a seguridad no puede ser comprobado, el problema deja de ser administrativo y se convierte en un riesgo directo para la población. Eso es exactamente lo que revelan las auditorías federales sobre el gobierno de Cruz Pérez Cuéllar, de MORENA, en Ciudad Juárez.
La Auditoría Superior de la Federación revisó 335.9 millones de pesos del fondo de seguridad (FORTAMUN), y el resultado es contundente: 294.1 millones de pesos quedaron pendientes por aclarar, es decir, casi el 88% del dinero auditado. De ese monto, 24.9 millones de pesos ya fueron señalados como posible daño a la Hacienda Pública.
El golpe más claro está en las patrullas. Se revisó la compra de 100 pick up como patrullas por 117 millones de pesos y otros 30 vehículos adicionales por 34.2 millones, pero la auditoría detectó que no existe evidencia suficiente que acredite su operación real, ni documentación completa sobre su uso.
En los equipos de comunicación, la situación no mejora. Se analizaron contratos por 30.4 millones de pesos en radios portátiles y mantenimiento, donde los resguardos no coinciden, faltan firmas y la documentación fue presentada fuera de tiempo. Es decir, equipo clave para la seguridad… sin control claro.
El caso del equipo táctico es aún más grave. En chalecos y escudos balísticos por 23.7 millones de pesos, no se acreditaron pruebas balísticas válidas, no hay números de serie visibles en la evidencia y faltan registros completos de entrada a almacén. En uniformes, se revisaron más de 31 millones de pesos en contratos, sin evidencia suficiente de entrega total al personal.
Y si eso no fuera suficiente, está el tema del armamento. Se adquirieron 1,445 armas largas por 24.9 millones de pesos, pero la auditoría señala que no existen actas completas de entrega-recepción, ni resguardos claros, ni evidencia documental suficiente de su control.
Aquí es donde el escándalo deja de ser técnico: ¿cómo es posible que millones en armas, patrullas y equipo de seguridad no puedan ser plenamente comprobados? Esa es la pregunta que hoy pesa sobre la administración de Cruz Pérez Cuéllar de MORENA.
El problema no solo es qué se compró, sino cómo. La auditoría detectó contratos realizados en plazos de 2 a 4 días, empresas vinculadas entre sí participando en procesos y expedientes incompletos. Todo esto apunta a una forma de operar donde los controles fueron debilitados.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue enfrentando problemas de seguridad. El dinero estaba destinado a proteger a la gente, pero hoy no se puede demostrar que haya cumplido ese objetivo.
Las observaciones fueron respondidas por el municipio en enero de 2025, pero la ASF determinó que la información no fue suficiente para aclarar los hallazgos. Hoy el caso está en manos del OIC y puede derivar en responsabilidades durante años.
El golpe político es inevitable cuando el gobierno de MORENA encabezado por Cruz Pérez Cuéllar no puede explicar el uso de casi 300 millones en seguridad, la narrativa deja de ser administrativa y se convierte en un escándalo de corrupción con impacto directo en la vida de la gente.
