La gobernadora de Chihuahua rechazó acudir al Senado por el caso de agentes de EE.UU. El hecho ocurre tras la muerte de dos extranjeros en territorio estatal. La negativa genera cuestionamientos sobre transparencia y rendición de cuentas. Se señala falta de disposición del gobierno del PAN para esclarecer el caso.
La negativa de Maru Campos a acudir al Senado para explicar la participación de agentes estadounidenses en Chihuahua ha encendido una nueva polémica que trasciende lo político y se instala en el terreno de la responsabilidad pública. De acuerdo con información difundida, la gobernadora argumentó que su asistencia “no es obligatoria”, una respuesta que ha sido interpretada como evasiva frente a uno de los episodios más delicados en materia de seguridad y soberanía en la entidad.
El contexto en el que ocurre esta decisión es clave. La presencia de agentes extranjeros en un operativo dentro del estado, que derivó en la muerte de dos de ellos, ya había generado cuestionamientos sobre coordinación, legalidad y control institucional. En ese escenario, la comparecencia ante el Senado no era solo un trámite político, sino una oportunidad para esclarecer hechos que han dejado más dudas que certezas. Al rechazarla, la gobernadora no solo evita el espacio institucional, también alimenta la percepción de opacidad.
La postura también abre un cuestionamiento político directo: ¿a qué le teme el gobierno estatal? Cuando un tema de esta magnitud se mantiene sin explicación clara y la principal autoridad decide no rendir cuentas, la narrativa deja de ser de control y se convierte en una de evasión. En un contexto donde se han señalado posibles irregularidades en la presencia de agentes extranjeros, la falta de disposición para aclarar el caso profundiza la desconfianza.
Además, el contraste con el discurso de campaña resulta inevitable. Durante el proceso electoral, el compromiso con la ciudadanía se construye sobre la idea de cercanía, transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, en el ejercicio del poder, la negativa a acudir a un espacio de diálogo institucional envía un mensaje distinto: que la obligación de responder puede ser opcional. Este tipo de decisiones debilita la relación entre gobierno y ciudadanía.
El impacto también se refleja en el ámbito institucional. El Senado, como espacio de representación nacional, tiene la facultad de abordar temas que afectan al país en su conjunto, especialmente cuando involucran seguridad y soberanía. Ignorar esa convocatoria no solo es una decisión política, sino una señal de ruptura en la coordinación entre niveles de gobierno en un tema de alta sensibilidad.
A esto se suma el contexto de tensión que ya rodea el caso. La participación de agentes extranjeros, la falta de información clara y ahora la negativa a comparecer configuran un escenario donde la incertidumbre crece. Cada decisión que evita la transparencia no reduce el problema, lo amplifica, generando un ambiente donde las respuestas siguen sin llegar.
Así, la decisión de Maru Campos de no acudir al Senado no puede entenderse como un acto administrativo, sino como un posicionamiento político que deja más preguntas que respuestas. En un tema que involucra soberanía, seguridad y legalidad, la rendición de cuentas no debería ser opcional. Cuando el poder decide no explicar, el problema ya no es solo lo que pasó, sino lo que se está ocultando.