Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, previamente relacionados con los llamados “acordeones” atribuidos al gobernador Samuel García, fueron denunciados por conflicto de interés en un caso vinculado con el Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León.
La presión política sobre Samuel García y Movimiento Ciudadano volvió a aumentar luego de que magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa fueran denunciados por presunto conflicto de interés en asuntos relacionados con el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). El caso tomó mayor relevancia debido a que dichos perfiles ya habían sido señalados previamente por aparecer dentro de los llamados “acordeones” vinculados al entorno político del gobernador de Nuevo León.
La polémica reactivó cuestionamientos sobre una posible influencia política del gobierno estatal en espacios que deberían operar con autonomía e independencia judicial. Para distintos sectores críticos, el problema ya no es únicamente la existencia de denuncias específicas, sino la percepción cada vez más fuerte de que Movimiento Ciudadano busca extender control político sobre instituciones clave del estado mediante perfiles cercanos o alineados al proyecto del gobernador.
El caso también golpea directamente la narrativa con la que Samuel García llegó al poder prometiendo transparencia, modernización institucional y ruptura con las viejas prácticas políticas. Sin embargo, las constantes controversias relacionadas con magistrados, tribunales y presuntos conflictos de interés comienzan a alimentar comparaciones con mecanismos tradicionales de control político que durante años fueron criticados por el propio emecismo.
Mientras avanzan los señalamientos y crecen las exigencias de revisión institucional, la controversia vuelve a colocar a Nuevo León en medio de un debate sobre independencia judicial, concentración de poder y uso político de las instituciones. Para muchos ciudadanos, Movimiento Ciudadano terminó reproduciendo prácticas que decía combatir: redes de influencia, operadores alineados y estructuras judiciales cada vez más cercanas al poder político estatal.