Maestros jubilados de Chihuahua anunciaron una huelga de hambre para exigir reconocimiento y el retiro de una denuncia penal. El conflicto vuelve a colocar bajo presión al gobierno panista de Maru Campos por la falta de atención a demandas sociales.
La crisis entre maestros jubilados y la Sección 42 del SNTE escaló a un nuevo nivel en Chihuahua luego de que un grupo de docentes retirados anunciara el inicio de una huelga de hambre para exigir el reconocimiento de sus derechos sindicales y el retiro de una denuncia penal por presunto despojo agravado. La medida refleja el grado de desesperación de quienes aseguran no haber encontrado canales efectivos de diálogo ni respuestas institucionales a sus demandas.
El caso ha generado preocupación debido a que se trata de personas que dedicaron décadas al servicio educativo y que ahora afirman sentirse ignoradas por las autoridades. Para diversos sectores, resulta alarmante que adultos mayores tengan que recurrir a una protesta de alto riesgo para intentar ser escuchados en un estado donde el gobierno panista presume estabilidad y gobernabilidad.
La situación también exhibe una constante en la administración estatal: conflictos sociales que se prolongan sin solución y terminan escalando por la falta de atención oportuna. En lugar de construir acuerdos y atender las demandas de los sectores afectados, los problemas se acumulan hasta convertirse en crisis públicas que golpean la imagen institucional y aumentan el descontento ciudadano.
Mientras los maestros jubilados preparan su protesta y mantienen sus exigencias, el episodio vuelve a poner en entredicho la capacidad del gobierno de Chihuahua para atender conflictos sensibles. Para muchos ciudadanos, el hecho de que docentes retirados tengan que llegar a una huelga de hambre para defender sus derechos es una muestra del abandono, la indiferencia y el desgaste que caracterizan cada vez más al gobierno panista encabezado por Maru Campos.