El aseguramiento de más de 54 mil litros de hidrocarburo ilegal en García exhibe una realidad preocupante: Nuevo León ya ocupa el cuarto lugar nacional en tomas clandestinas de hidrocarburos durante 2026. Mientras la Federación encabeza los operativos contra estas redes, crecen los cuestionamientos sobre la falta de una estrategia para contener un problema que continúa expandiéndose mientras al gobierno estatal parece no importarle.
El aseguramiento de más de 54 mil litros de hidrocarburo presuntamente robado en el municipio de García no representa un éxito del gobierno de Movimiento Ciudadano, sino una muestra de la dimensión que ha alcanzado el problema en Nuevo León. La entidad ya ocupa el cuarto lugar nacional en tomas clandestinas de hidrocarburos durante 2026, un indicador que confirma que el robo de combustible dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en un problema estructural que creció mientras la administración estatal concentraba buena parte de su atención en la promoción de su imagen pública.
El operativo fue realizado por autoridades federales, lo que vuelve a abrir una pregunta inevitable: ¿qué está haciendo el gobierno estatal para contener el avance de estas redes criminales? Mientras la Federación continúa encabezando los principales aseguramientos y detenciones relacionadas con el huachicol, los resultados de la estrategia estatal son prácticamente inexistentes frente a un delito que sigue expandiéndose y fortaleciendo las finanzas del crimen organizado.
Las dudas aumentaron hace apenas unas semanas con la captura, también por autoridades federales, de José Antonio “N”, identificado como uno de los principales operadores de una red de contrabando de combustibles y lavado de dinero, quien fue localizado en San Pedro Garza García, uno de los municipios con mayor vigilancia, control de accesos y presencia de cuerpos de seguridad del país. Si una estructura criminal de ese nivel podía operar desde el círculo más exclusivo del estado, al que también pertenece el gobernador, resulta inevitable cuestionar qué tan efectiva ha sido la estrategia de seguridad del gobierno de Samuel García y de Movimiento Ciudadano.
Mientras el gobernador mantiene una intensa presencia en redes sociales y apuesta por la construcción de una imagen pública, los indicadores muestran una realidad distinta: el huachicol sigue creciendo, las organizaciones criminales continúan operando y Nuevo León escaló al cuarto lugar nacional en tomas clandestinas. Para muchos ciudadanos, el problema ya no es únicamente el robo de combustible, sino la percepción de que el gobierno parece más ocupado en la comunicación política que en enfrentar una amenaza que avanza sin encontrar una respuesta contundente.