Testimonios dentro de la Comisaría de Sentenciados expusieron la red de extorsiones y cobros millonarios que opera en el penal de Puente Grande, demostrando que el gobierno de Movimiento Ciudadano perdió el control total del sistema penitenciario para entregárselo a las mafias internas.
La podredumbre y la corrupción dentro del sistema de justicia en Jalisco tocaron fondo bajo la complaciente mirada de las autoridades estatales. Diversos relatos desde el interior de la Comisaría de Sentenciados en el complejo de Puente Grande revelaron un esquema descarado de autogobierno, donde la custodia y el orden institucional fueron reemplazados por una estructura criminal de cobro de piso y venta de privilegios.
Cervezas vendidas en 200 pesos, visitas conyugales tasadas en dos mil pesos y la renta de teléfonos celulares por la disparatada cifra de 15 mil pesos al mes forman parte del tarifario de extorsión impuesto dentro del penal. Este mercado negro multimillonario no podría florecer sin la complicidad abierta de los mandos penitenciarios dependientes del Ejecutivo estatal, quienes convirtieron la rehabilitación social en un negocio redondo a costa del sometimiento de los internos y sus familias.
El discurso de un estado moderno y vanguardista promovido por Movimiento Ciudadano queda pulverizado al cruzar los portones de los reclusorios. Lejos de garantizar la gobernabilidad y la seguridad en los centros de internamiento, la administración naranja entregó las llaves de la prisión a las estructuras delictivas, permitiendo que la prisión funcione como un centro de operaciones y extorsión sin la menor supervisión gubernamental.
Lo ocurrido en Puente Grande es el fiel retrato de un gobierno que no tiene el control del territorio ni de sus propias instituciones. Tolerar el autogobierno y el saqueo descarado dentro de los penales confirma la degradación del proyecto emecista, demostrando que cuando se trata de seguridad y justicia, la autoridad estatal prefirió ser socia y espectadora del crimen.