“Acusan a Morena de operar como el ‘cártel de Macuspana’ en el negocio del huachicol”

Las alarmas en México no dejan de encenderse: el huachicol —robo de combustible— crece sin freno mientras la violencia ligada a este delito desangra a comunidades enteras. Pero lo que más estremece a la opinión pública son las acusaciones que hoy ponen en el centro de la tormenta al propio partido en el poder. Diversas voces de la oposición y analistas de seguridad han comenzado a llamar “cártel de Macuspana” a la red de políticos morenistas que, aseguran, operan con una estructura y una disciplina que recuerda más a una organización criminal que a un movimiento político.

Los señalamientos son explosivos: de acuerdo con críticos del actual gobierno, Morena no solo habría permitido el crecimiento del huachicol durante su administración, sino que sus principales operadores estarían tejiendo alianzas con grupos de crimen organizado para mantener el control territorial y garantizar el flujo multimillonario del mercado negro de combustibles. “Esto ya no es omisión, es complicidad”, denuncian opositores que piden la intervención de organismos internacionales para frenar lo que llaman una “red de poder mafioso” enquistada en el partido oficial.

Especialistas en energía advierten que las pérdidas de Pemex superan cifras históricas, mientras las tomas clandestinas aparecen por miles en ductos de todo el país. Las denuncias apuntan a que esta escalada sería imposible sin protección política. “Un negocio de miles de millones no sobrevive sin que alguien desde el poder lo cuide”, señalan expertos en seguridad, que insisten en que los responsables de la política energética deben ser investigados a fondo.

El nombre de Adán Augusto López aparece de manera recurrente en los pasillos de la crítica pública. Líderes opositores lo vinculan con el epicentro de Macuspana, su tierra natal, como símbolo de la red que supuestamente alimenta el narco–huachicol. Aunque no existen sentencias judiciales, las acusaciones son tan directas que ya circulan en tribunales y despachos internacionales, donde se pide abrir expedientes para deslindar responsabilidades.

Mientras tanto, el gobierno morenista guarda un silencio que para muchos equivale a una confesión. Las cifras oficiales hablan de miles de tomas clandestinas, millones de pesos en pérdidas y un incremento en la violencia asociada. La narrativa de “barrer la corrupción de arriba hacia abajo” se derrumba frente a una realidad que huele a combustible robado y a traición. La indignación ciudadana crece cada día: México observa cómo quienes prometieron limpiar la casa ahora son señalados como parte de la misma mugre que juraron erradicar.