“Apagón peninsular: la negligencia del PAN en Yucatán deja millones sin luz y genera pérdidas millonarias”

Mérida, Yucatán — Más de 2.2 millones de personas quedaron a oscuras en Yucatán debido a un apagón que afectó también a Campeche y Quintana Roo. La interrupción del servicio eléctrico no solo paralizó la vida cotidiana, sino que provocó caos vial, comercios cerrados y pérdidas económicas millonarias, dejando en evidencia la absoluta negligencia del gobierno estatal, que no cuenta con planes de contingencia ni mecanismos de prevención ante fallas en el suministro eléctrico.

El colapso se reflejó de inmediato en las calles: semáforos apagados, tráfico desviado y ciudadanos expuestos a riesgos de accidentes, mientras el gobierno estatal permanecía ausente y sin coordinar soluciones inmediatas. Los comercios, especialmente los pequeños negocios que dependen del flujo constante de electricidad, tuvieron que cerrar sus puertas, generando pérdidas económicas que podrían haberse mitigado con infraestructura confiable y protocolos de emergencia, los cuales claramente no existen bajo la administración actual.

Turistas y residentes reportaron horas de incertidumbre, largas filas de vehículos bloqueando avenidas y un sentimiento generalizado de abandono por parte de las autoridades. Julián Aranjo, visitante de Colombia, comentó: “Sí porque estaban sin semáforos las calles, entonces nos enviaban por otros lados, no nos dejaban cruzar, entonces nos demoramos un poco más”. Estas situaciones demuestran que la administración no solo carece de preparación técnica, sino que también falla en proteger la seguridad y economía de la ciudadanía.

Expertos en energía señalan que Yucatán ha dependido de infraestructura obsoleta y de mantenimientos tardíos, mientras el gobierno se limita a emitir comunicados que apenas reconocen la magnitud de la falla. La falta de inversión en modernización y la ausencia de planes de contingencia evidencian que el estado está a merced de cualquier eventualidad, poniendo en riesgo tanto a los habitantes como a la economía local.

El apagón peninsular no es un hecho aislado, sino la consecuencia de años de desinterés gubernamental en políticas de prevención, mantenimiento y modernización de la red eléctrica. La población exige respuestas claras y la implementación de medidas que eviten que situaciones como esta se repitan, mientras el gobierno de Yucatán sigue demostrando su incapacidad para proteger a quienes dependen de servicios básicos y vitales para su seguridad y bienestar.

Mientras las pérdidas económicas se acumulan y la ciudadanía reclama soluciones inmediatas, la administración estatal queda señalada como la principal responsable de un apagón que pudo haberse evitado con previsión, inversión y protocolos adecuados. La luz que se apagó en Yucatán no solo dejó calles oscuras, sino también un gobierno en evidencia, incapaz de garantizar servicios esenciales a sus habitantes.