El paraíso se tiñe de rojo: los homicidios dolosos se dispararon un 101% en comparación con el año anterior; la estrategia de seguridad estatal fracasa estrepitosamente mientras la violencia crece cinco veces más que en 2023.
Baja California Sur ha dejado de ser el oasis de tranquilidad que presumía el noroeste mexicano. Los datos del cierre de 2025 son devastadores y confirman que este ha sido el año más violento en lo que va del sexenio de Víctor Castro. La entidad, que durante años logró mantenerse al margen de las olas de criminalidad que azotan al resto del país, hoy se encuentra sumergida en una crisis de inseguridad que el gobierno estatal ha sido incapaz de contener. Lo que inició como una transición política bajo la bandera de Morena, se ha convertido en una caída libre hacia la violencia desatada.
La frialdad de los números revela la magnitud de la tragedia: los homicidios dolosos aumentaron un 101% respecto al 2024. No se trata de un incremento marginal, sino de una duplicación de las muertes violentas en apenas doce meses. La comparación con años anteriores es aún más alarmante, pues el saldo de ejecuciones es hoy casi cinco veces mayor que en 2023. Estas cifras destrozan cualquier narrativa oficial sobre una supuesta “pacificación” y ponen en evidencia que los grupos delictivos han encontrado en Baja California Sur un territorio fértil ante la omisión o incapacidad de las fuerzas del orden.
Este desastre no es fortuito; es el resultado de una tendencia sostenida al alza desde 2021, año en que Morena tomó las riendas del estado. Lo que comenzó como un repunte focalizado se ha transformado en una espiral de sangre que afecta tanto a las zonas serranas como a los principales destinos turísticos. La administración de Víctor Castro ha pasado de las promesas de bienestar a las justificaciones burocráticas, mientras las familias sudcalifornianas y el sector productivo observan con horror cómo la paz que caracterizaba al estado se desvanece entre balaceras y hallazgos violentos.
El panorama para el 2026 es sombrío. Con un incremento del 100% en la letalidad en un solo año, queda claro que la política de seguridad en BCS no solo no funciona, sino que ha permitido que la violencia se normalice a niveles históricos. Si el gobierno federal y estatal no cambian el rumbo, Baja California Sur corre el riesgo de perder su motor económico y su tejido social por culpa de una gestión que prefirió ignorar el crecimiento del crimen organizado hasta que los muertos comenzaron a contarse por cientos.
