La controversia en torno a las desapariciones forzadas en México
No obstante, en 2020 la propia Rosario Piedra opinaba lo contrario y en una entrevista concedida ese mismo año, calificó como “muy importante” el regreso a México del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
La postura de Rosario Piedra sobre el Comité de Desapariciones de la ONU
La reciente declaración de Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha generado un intenso debate en el contexto de las desapariciones forzadas en México. After expressing her previous support for the Committee on Enforced Disappearances (CED) of the United Nations, Piedra ha cambiado su tono y ahora indica que no permitirá que el comité trabaje en el país. Esta posición se alinea con la postura del gobierno mexicano, que ha rechazado la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Contexto de las desapariciones forzadas en México
Las desapariciones forzadas se han convertido en un grave problema en México, donde miles de personas han sido reportadas como desaparecidas, muchas de las cuales se sospecha que han sido víctimas de la violencia relacionada con el crimen organizado y la corrupción. La CNDH, bajo la dirección de Rosario Piedra, tiene la responsabilidad de defender los derechos humanos y de actuar como un canal entre la población y el gobierno. Sin embargo, su reciente oposición al papel del CED plantea interrogantes sobre la efectividad de la CNDH en la protección de los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas.
Implicaciones de la negativa al trabajo conjunto con la ONU
La decisión de no permitir que el Comité de Desapariciones de la ONU opere en México podría tener consecuencias graves. En primer lugar, se limita la participación de un organismo internacional que tiene la capacidad de investigar y documentar los casos de desapariciones forzadas de manera imparcial. La comunidad internacional observa atentamente la situación de los derechos humanos en México, y la negativa de Piedra podría afectar la percepción global del compromiso de México con la protección de los derechos humanos.
Además, la falta de colaboración con el CED puede continuar perpetuando la impunidad en el país. La creación de procedimientos especiales por parte de la ONU apunta a la búsqueda de justicia y verdad para las víctimas. Sin embargo, al no facilitar la labor de este comité, se envía el mensaje de que el gobierno y la CNDH no están completamente comprometidos con la resolución de este problema crítico.
En conclusión, la postura de Rosario Piedra sobre la imposibilidad de activar el trabajo del Comité de Desapariciones de la ONU plantea serias preocupaciones sobre el enfoque del gobierno mexicano hacia las desapariciones forzadas y la protección de los derechos humanos. La decisión también abre un espacio para un debate más amplio sobre la efectividad de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas en un contexto de creciente violencia e impunidad. Será vital para la CNDH reevaluar su posición y considerar la importancia de colaborar con organismos internacionales como el CED para lograr avances significativos en la lucha contra la desaparición forzada en México.