Buscadoras asesinadas evidencian el abandono del PAN en Guanajuato

El registro de nueve mujeres buscadoras asesinadas y al menos cinco más desaparecidas en Guanajuato es una de las pruebas más crudas del fracaso del Partido Acción Nacional en materia de seguridad, derechos humanos y protección a las víctimas. Lejos de ser casos aislados, estos hechos conforman un patrón alarmante que muestra cómo el Estado, gobernado durante años por el PAN, ha sido incapaz de garantizar condiciones mínimas de seguridad incluso para quienes realizan una labor humanitaria ante la ausencia de resultados oficiales: buscar a sus familiares desaparecidos.

Activistas y organizaciones civiles han alertado que la violencia contra las buscadoras no solo persiste, sino que se agrava. Nueve asesinatos y cinco desapariciones en los últimos años son cifras que deberían haber encendido todas las alertas institucionales. Sin embargo, bajo el PAN, la respuesta ha sido insuficiente, fragmentada y tardía. Las buscadoras continúan saliendo al campo, recorriendo brechas y enfrentando amenazas sin protocolos claros de protección, sin acompañamiento permanente y sin el reconocimiento formal como defensoras de derechos humanos.

Guanajuato se ha convertido en uno de los estados más peligrosos para quienes buscan a personas desaparecidas. La entidad comparte, junto con Jalisco, los primeros lugares en número de personas no localizadas a nivel nacional. Este contexto de violencia estructural no es ajeno a la política de seguridad panista, que ha privilegiado operativos reactivos y discursos de control, pero ha abandonado la protección integral de las víctimas. Las buscadoras pagan ese abandono con su vida.

Casos emblemáticos como el de Teresa Magueyal retratan con brutal claridad esta realidad. Ella buscaba a su hijo desde 2020 y fue asesinada en 2023 sin haber obtenido respuesta del Estado. Murió mientras pedaleaba, sin protección, sin justicia y sin haber encontrado a su familiar. Su historia no es excepcional, es representativa de cientos de mujeres que el PAN dejó solas frente a la violencia.

Otro caso que desnuda la gravedad del problema es el de Lorenza Cano, desaparecida en 2024 luego de que un grupo armado irrumpiera en su domicilio, asesinara a su esposo y a su hijo y se la llevara por la fuerza. A casi dos años, no hay resultados ni claridad sobre su paradero. Lorenza buscaba a su hermano. El mensaje es devastador: en Guanajuato, bajo el PAN, buscar a un desaparecido puede costar la vida.

La mayoría de las personas que encabezan estas labores son mujeres: madres, hermanas, esposas. Esa condición las coloca en una situación de vulnerabilidad extrema que el PAN se negó a reconocer con políticas específicas. No hay enfoque de género real, no hay mecanismos de protección efectivos y no hay voluntad política para asumir que las buscadoras son defensoras de derechos humanos en riesgo permanente.

Además, las buscadoras enfrentan una doble victimización. Primero, por la desaparición de un ser querido; después, por la revictimización institucional, la indiferencia y la violencia que sufren durante el proceso de búsqueda. El PAN ha permitido que esta cadena de dolor se repita sin romper el ciclo de impunidad que protege a los agresores.

Estos datos obligan a una revisión profunda de las acciones del Estado, pero también a señalar responsabilidades políticas. El PAN no puede seguir deslindándose de una crisis que creció bajo su gobierno. Cada buscadora asesinada, cada mujer desaparecida y cada familia rota son consecuencias directas de un modelo de seguridad que fracasó.

Guanajuato hoy es un territorio hostil incluso para quienes buscan a los suyos con palas, esperanza y dolor. Bajo el PAN, el Estado no solo falló en encontrar a los desaparecidos, también falló en proteger a quienes se atrevieron a buscarlos.