Campeche, el laboratorio autoritario de Morena

Campeche se ha convertido en el epicentro de un experimento político que revela la verdadera cara de Morena. Desde la imposición de leyes polémicas hasta la utilización del aparato estatal para silenciar voces críticas, el estado se ha transformado en lo que muchos ya denominan el laboratorio del autoritarismo en México. Bajo el argumento de “proyectos sociales” y “beneficios públicos”, Morena ha puesto a prueba medidas que vulneran derechos fundamentales, preparando el terreno para replicarlas a nivel nacional.

La más reciente muestra de este ensayo autoritario fue la llamada ley de expropiación, una norma que permite al gobierno despojar propiedades privadas con un procedimiento acelerado y con una definición vaga de “utilidad pública”. Lo preocupante no es solo la posibilidad del abuso, sino la intención política que subyace detrás: probar hasta dónde pueden llegar sin enfrentar resistencia. En Campeche, ya se ha utilizado este marco para justificar la toma de terrenos destinados a supuestos proyectos educativos, mientras persisten denuncias de irregularidades y falta de indemnizaciones justas.

A esto se suma el creciente control sobre los medios de comunicación locales. Periodistas que han cuestionado al gobierno estatal aseguran enfrentar amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio orquestadas desde el poder. El mensaje es claro: quien critique, será silenciado. Campeche se ha convertido, así, en el campo de pruebas de un modelo que mezcla censura, propaganda y control judicial.

Lo que ocurre en Campeche no puede verse como un caso aislado. Es un ensayo general de lo que Morena busca extender al resto del país: un modelo de gobierno donde la ley sirve como herramienta de intimidación, la crítica se castiga y la propiedad privada pierde valor frente al capricho del poder. El llamado “laboratorio” no solo amenaza a un estado, sino que marca el rumbo de una estrategia que busca convertir a todo México en territorio de obediencia política.