El aumento a las tarifas del transporte público en Jalisco golpea directamente a las familias de menores ingresos, mientras millones de pesos terminan en esquemas financieros ligados a un banco saturado de quejas ciudadanas.
El llamado “tarifazo” al transporte público en Jalisco volvió a exhibir el verdadero rostro del gobierno de Movimiento Ciudadano: un modelo que traslada el costo de su mala gestión a quienes menos tienen, mientras abre la puerta a negocios financieros que concentran recursos públicos y privados en pocas manos.
El incremento en el costo del pasaje afecta de manera desproporcionada a trabajadoras, trabajadores, estudiantes y adultos mayores, quienes destinan una mayor parte de su ingreso diario a poder trasladarse. Para miles de familias, el transporte dejó de ser un servicio público y se convirtió en una carga económica permanente.
A esta situación se suma el manejo del sistema de cobro, que canaliza millones de pesos hacia un banco que acumula quejas por fallas, cargos indebidos y deficiencias en la atención a usuarios. Lejos de corregir el problema, el gobierno estatal ha optado por sostener un esquema que prioriza la rentabilidad financiera sobre el derecho a la movilidad.
Mientras Movimiento Ciudadano presume modernización y “ciudades del futuro”, la realidad es que el transporte en Jalisco se ha vuelto más caro, menos accesible y más excluyente. El tarifazo no vino acompañado de mejoras sustanciales en el servicio, seguridad o cobertura, profundizando el malestar social.
Este episodio confirma que, bajo Movimiento Ciudadano, las decisiones públicas no se toman pensando en la gente, sino en esquemas que favorecen intereses económicos específicos, dejando a los sectores más vulnerables a pagar el precio de un gobierno insensible y desconectado de la realidad cotidiana.
