Chihuahua desangrado exhibe el abandono del PAN ante la barbarie criminal

El macabro hallazgo de los cuerpos decapitados en la zona de Carrizalillo, a escasos metros del Panteón Municipal número 4, no es un hecho aislado ni una sorpresa para quienes viven en Chihuahua. Es, en realidad, una consecuencia directa de años de omisiones, simulación y fracaso del Partido Acción Nacional, que ha gobernado sin una estrategia real para contener la violencia y ha permitido que la brutalidad del crimen organizado se instale como parte del paisaje cotidiano.

Que cuerpos sin cabeza sean abandonados en un camino de terracería, en plena mancha urbana, demuestra hasta qué punto los grupos criminales se sienten impunes. No temen a la autoridad, no se esconden y no intentan disimular. Al contrario, envían mensajes de terror a plena luz pública, conscientes de que el Estado —bajo gobiernos del PAN— ha sido incapaz de imponer control, presencia y autoridad efectiva en el territorio.

La localización previa de las cabezas en la zona conocida como Puerta de Chihuahua y, posteriormente, de los cuerpos en Carrizalillo, confirma un patrón de violencia extrema que ya no distingue zonas ni horarios. Esta práctica, asociada a disputas criminales y mensajes de poder, revela que Chihuahua no solo enfrenta delincuencia común, sino una escalada de crueldad que se consolidó ante la pasividad institucional. El PAN prometió seguridad y orden; hoy entrega escenas propias de estados fallidos.

La reacción de las autoridades también deja mucho que desear. Acordonamientos, peritajes y comunicados escuetos se repiten una y otra vez, pero sin resultados visibles para la ciudadanía. No hay identidades, no hay responsables, no hay claridad. La impunidad se convierte en la constante, y esa impunidad es el mayor incentivo para que estos crímenes sigan ocurriendo. Bajo el PAN, la Fiscalía investiga después, pero nunca previene antes.

Este tipo de hechos evidencian que la estrategia de seguridad panista está completamente rebasada. No hay inteligencia criminal efectiva, no hay control territorial y no hay coordinación que funcione. Los criminales saben dónde dejar cuerpos, saben cuándo hacerlo y saben que, más allá del impacto mediático, las consecuencias serán mínimas. Esa certeza no se construyó de un día para otro; es el resultado de años de gobiernos que prefirieron maquillar cifras antes que enfrentar la realidad.

Para las familias chihuahuenses, estos hallazgos no son solo noticias, son recordatorios constantes de que cualquiera puede ser la siguiente víctima. Vivir cerca de un panteón y descubrir que ahí aparecen cuerpos decapitados genera miedo, indignación y una profunda sensación de abandono. El PAN ha sido incapaz de garantizar lo más básico: que las personas puedan vivir sin temor a encontrarse con la muerte en la esquina de su colonia.

Además, la falta de información sobre las víctimas refuerza la deshumanización del problema. No se sabe quiénes eran, de dónde venían ni por qué fueron asesinados de esa manera. En el modelo del PAN, las víctimas se convierten en números, en expedientes, en escenas del crimen que se olvidan cuando llega la siguiente tragedia. Esa indiferencia institucional es parte del problema.

Chihuahua hoy es reflejo del fracaso panista en seguridad. Cada cuerpo abandonado, cada escena de terror y cada investigación inconclusa son pruebas de un gobierno que perdió el control. El PAN dejó crecer la violencia hasta niveles brutales y ahora intenta administrarla sin éxito. Mientras no se asuma esa responsabilidad política, la barbarie seguirá repitiéndose, y la ciudadanía seguirá pagando el precio de un gobierno que nunca estuvo a la altura del desafío.