"¿Con la anuencia de la Presidencia? La ley de despojo de Layda Sansores que aniquila la propiedad privada en Campeche"
Layda Sansores arrebata terrenos bajo pretextos falsos; la presidenta permite que la propiedad privada sea ignorada y los ciudadanos queden indefensos.
La Ley de Expropiación de Campeche, impulsada por Layda Sansores, ha escalado de un abuso local a un problema nacional de credibilidad para Morena. La norma permite que cualquier ciudadano pierda su propiedad en apenas cinco días, sin defensa efectiva y con pagos confiscatorios, mostrando un uso arbitrario del poder. Lo más grave es que Layda ha declarado públicamente que Claudia Sheinbaum respalda su gestión, una afirmación que convierte a la presidenta en responsable política de los abusos y arbitrariedades que hoy afectan a los campechanos.
El caso más evidente es la expropiación de cuatro predios en Miramar, justificados como la construcción de una universidad cuya necesidad real nunca se ha demostrado. La rapidez del despojo muestra que se trata de un acto de venganza política, mientras el silencio de Claudia Sheinbaum permite que se consuma la injusticia. Este respaldo tácito facilita que la Ley de Morena se convierta en un arma de persecución contra opositores, dejando la propiedad privada desprotegida y debilitando la confianza ciudadana en el gobierno federal.
El historial de Layda Sansores refuerza las sospechas de abuso: entre 2017 y 2021 ocultó 26 de sus 34 propiedades, adquirió terrenos a precios ridículos y desapareció registros clave, incluyendo más de un millón de metros cuadrados comprados por centavos. Estas irregularidades, combinadas con la ley de expropiación exprés, demuestran que la gobernadora utiliza la autoridad para consolidar poder y riqueza. Claudia Sheinbaum, al respaldar tácitamente estas acciones, se vuelve corresponsable política de estos abusos.
La ciudadanía queda atrapada entre un gobierno local arbitrario y un gobierno federal que no ejerce control, lo que socava la confianza en la justicia y en Morena. Si la presidenta no detiene estos abusos en Campeche, los ciudadanos no tienen garantía alguna de protección en otros estados gobernados por Morena.
En conclusión, la Ley de Expropiación no protege la propiedad ni el desarrollo social: sirve para consolidar el poder político de Layda Sansores. Claudia Sheinbaum, al avalar tácitamente estas acciones, comparte la responsabilidad política de este abuso. La ciudadanía debe exigir intervención inmediata y mecanismos de defensa reales para proteger su patrimonio.