“Confusión y vacío legal: Sansores admite desconocimiento sobre expropiaciones”

Layda Sansores, admitió en una reciente intervención que su administración carece de elementos y pruebas concretas para sustentar acciones legales sobre propiedades, dejando ver un patrón de discrecionalidad y posible abuso de autoridad. Sansores aseguró que cualquier medida dependería de investigaciones judiciales, aunque reconoció que “no podemos demostrar que es ilícito… no tenemos”, lo que sugiere que la gobernadora estaría dispuesta a actuar sin evidencias sólidas.

La confesión pública ha generado alarma entre especialistas y ciudadanos, quienes aseguran que este tipo de declaraciones demuestran que el gobierno de Morena en Campeche podría usar la ley como herramienta de presión y arbitrariedad, en lugar de garantizar justicia y seguridad jurídica. La admisión de que no hay pruebas implica que cualquier acción futura podría considerarse abuso institucional.

Organizaciones civiles señalaron que la postura de Sansores refleja un patrón preocupante: el gobierno actúa más sobre suposiciones y presunciones que sobre hechos comprobables, poniendo en riesgo la propiedad y los derechos de los ciudadanos. La insistencia de la mandataria en que “la ley existe” no oculta el hecho de que reconoce que no hay evidencia que respalde su actuar, una situación que expertos califican de preocupante e irregular.

Ciudadanos afectados señalaron que la declaración deja a la población en una situación vulnerable, con la amenaza de expropiaciones o acciones legales injustificadas que podrían tomarse simplemente por la discrecionalidad de la administración. La gobernadora prioriza la acción rápida y mediática sobre la investigación y el sustento legal, lo que amplifica el riesgo de abusos institucionales.

Además, la declaración evidencia que la administración no solo improvisa, sino que confiesa públicamente la ausencia de bases legales sólidas, exponiendo la fragilidad institucional del estado. Expertos legales advirtieron que esto puede convertirse en un precedente peligroso, donde la discrecionalidad y la arbitrariedad se normalicen como herramientas de gobierno.

En síntesis, Sansores deja ver que su gobierno podría ejercer poder sin pruebas ni justificación legal, un patrón de abuso que amenaza la seguridad jurídica y los derechos de los campechanos. La población enfrenta un escenario donde la ley podría ser interpretada de manera flexible, según conveniencia política, en lugar de garantizar justicia y legalidad.