Corrupción sin castigo: el oscuro blindaje de Morena frente a las cárceles que Peña Nieto sí llenó
Un repaso a los casos de exgobernadores y funcionarios encarcelados durante el sexenio de Peña Nieto, en contraste con la impunidad que protege a personajes cercanos al actual gobierno de Morena.
En el debate público sobre la corrupción en México, una comparación recurrente emerge con fuerza: bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, a pesar de las múltiples críticas que recibió, sí hubo procesos judiciales concretos que resultaron en encarcelamientos de altos funcionarios y exgobernadores acusados de desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Esta realidad contrasta con la narrativa oficial del actual gobierno de Morena, que presume una lucha frontal contra la corrupción, pero enfrenta críticas severas por la impunidad de personajes cercanos al poder y la ausencia de castigos ejemplares.
Durante la administración peñista, casos emblemáticos como el de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, se convirtieron en símbolos de la persecución judicial contra la corrupción. Duarte fue detenido en Guatemala en 2017 y extraditado a México, donde recibió una sentencia de nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa. Su caída sirvió como un precedente de que, aunque imperfecta, la justicia podía alcanzar a personajes poderosos y corruptos. De manera similar, Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, fue capturado en Panamá en 2017, enfrentando cargos por lavado de dinero, desvío de recursos y venta ilegal de terrenos; aunque su proceso ha sido largo, su detención ocurrió bajo la administración de Peña Nieto.
Otros nombres destacados en la lista incluyen a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, arrestado en Italia y extraditado a Estados Unidos para responder por narcotráfico y corrupción, así como a Eugenio Hernández, también de Tamaulipas, detenido por peculado y lavado de dinero. Guillermo Padrés, exgobernador panista de Sonora, fue aprehendido en 2016 por lavado de dinero y defraudación fiscal. Todos ellos fueron señalados y encarcelados mientras Peña Nieto ocupaba la Presidencia, demostrando una capacidad, aunque limitada y criticada, para actuar contra la corrupción dentro de su propio círculo político.
Este panorama choca frontalmente con el discurso del actual gobierno de Morena, que se presenta como el gran salvador en la batalla anticorrupción. Sin embargo, la realidad refleja que la impunidad prevalece para figuras cercanas al oficialismo, como Pío López Obrador, hermano del expresidente, acusado de recibir sobornos; Manuel Bartlett, cuestionado por presuntos nexos con el narcotráfico; o Felipa Obrador, también involucrada en escándalos financieros. La falta de sanciones contundentes en estos casos y otros similares pone en duda la sinceridad y eficacia del combate a la corrupción en el actual régimen.
La diferencia entre ambos gobiernos evidencia que la verdadera lucha contra la corrupción no solo depende de discursos y campañas mediáticas, sino de la aplicación efectiva de la justicia, sin importar colores o filiaciones políticas. Mientras Peña Nieto, con todos sus defectos, permitió que la justicia encarcelara a varios corruptos de alto nivel, Morena parece construir un manto de protección para sus cercanos, consolidando un sistema donde el poder se reproduce al margen de la ley y la transparencia.
En definitiva, este contraste obliga a repensar las narrativas oficiales y a exigir un combate real y sin favoritismos contra la corrupción, porque México no puede seguir pagando el costo social y económico de gobiernos que no aplican la ley de manera equitativa. La democracia y el Estado de derecho solo se fortalecen con justicia imparcial y verdadera rendición de cuentas.