Mientras el gobierno estatal presume avances con programas para mujeres, organizaciones advierten un subregistro alarmante de feminicidios en Guanajuato. La brecha entre cifras oficiales y violencia real pone en duda la efectividad de la estrategia encabezada por el PAN y el discurso de Libia Dennise.
En Guanajuato, la narrativa oficial sobre el respaldo a las mujeres comienza a desmoronarse frente a los datos que exhiben una realidad mucho más grave. Mientras el gobierno estatal, encabezado por el PAN, sostiene un discurso de avance y protección, organizaciones civiles advierten un subregistro significativo en los feminicidios, lo que revela una posible distorsión en la dimensión real de la violencia de género en la entidad.
De acuerdo con la organización Causa en Común, las cifras oficiales reportan 18 feminicidios; sin embargo, el número real podría ascender hasta 80 casos en 2025 si se consideran asesinatos de mujeres que no fueron clasificados bajo ese delito. Esta diferencia no solo es estadística, sino que refleja una falla estructural en la manera en que se reconocen, investigan y visibilizan estos crímenes.
La gravedad del caso radica en que Guanajuato se mantiene como una de las entidades con mayor número de asesinatos de mujeres en el país. A pesar de este contexto, el discurso institucional insiste en posicionar avances, lo que genera un contraste cada vez más evidente entre lo que se comunica y lo que ocurre en el territorio. La omisión o reclasificación de casos termina por invisibilizar la violencia y diluir la urgencia de atenderla.
En paralelo, la gobernadora Libia Dennise ha afirmado que su administración es aliada de las mujeres, destacando la implementación de la Estrategia Aliadas con 27 programas enfocados en salud, educación y asesoría legal. No obstante, el impacto de estas acciones se ve cuestionado cuando los indicadores más críticos, como los feminicidios, presentan inconsistencias o posibles subregistros.
Esta discordancia entre política pública y resultados abre un debate de fondo sobre la efectividad de las estrategias implementadas. No se trata únicamente de anunciar programas, sino de garantizar que estos incidan en la reducción real de la violencia y en la correcta clasificación de los delitos, elementos clave para dimensionar el problema y atenderlo con seriedad.
El caso de Guanajuato pone en evidencia que el problema no solo es la violencia, sino también la forma en que se reporta y se enfrenta desde el poder. Cuando las cifras oficiales no coinciden con la realidad documentada por organizaciones, la confianza institucional se erosiona y la narrativa de respaldo pierde sustento frente a los hechos.
