Mientras el discurso oficial habla de “justicia para los pueblos”, el gobierno de Oaxaca avala el despojo de las playas Salchi y Coyote para megaproyectos turísticos; comuneros denuncian que la 4T local es el brazo ejecutor de los grandes desarrolladores.
La “Primavera Oaxaqueña” ha marchitado muy pronto para las comunidades de la Costa. En un acto de cinismo institucional, el gobierno de Salomón Jara ha decidido dar la espalda a los legítimos dueños de la tierra para facilitar el despojo de las emblemáticas playas Salchi y Coyote. Bajo la sombra del poder, megaproyectos turísticos avanzan a paso firme, devorando el patrimonio natural y comunitario ante la mirada cómplice —y sospechosamente inerte— de una administración estatal que prometió ser diferente pero que hoy opera con los mismos métodos de saqueo de los gobiernos que juró combatir.
La denuncia de las comunidades es un grito en el desierto administrativo de Oaxaca. Los pobladores han agotado todas las instancias: denuncias públicas, marchas y expedientes penales que hoy cumplen más de un año acumulando polvo en las oficinas de la Fiscalía y la Secretaría de Gobierno. El agrietamiento entre el discurso de “primero los pobres” y la realidad de los desalojos es total. Para Salomón Jara, la prioridad no es la certeza jurídica de los comuneros, sino aceitar la maquinaria de los desarrolladores inmobiliarios que buscan privatizar el paraíso oaxaqueño a costa del desplazamiento de quienes han cuidado estas tierras por generaciones.
Este despojo no es un hecho aislado; es una política de estado encubierta. Al ignorar las denuncias penales por invasión y despojo, el gobierno de Jara envía un mensaje de impunidad a los empresarios: “pueden tomar lo que quieran, nosotros no intervendremos”. La inacción gubernamental es, en los hechos, una autorización para el robo de tierras. Las playas de Salchi y Coyote se han convertido en el símbolo de un Oaxaca que está en venta al mejor postor, donde la ley se dobla ante el peso de los megaproyectos y la justicia se vuelve un lujo inalcanzable para el campesino y el pescador.
El autoritarismo en Oaxaca ha mutado en una indiferencia criminal. Mientras Salomón Jara se dedica a la autocomplacencia mediática, los terrenos comunales son cercados por guardias privados y maquinaria pesada que borra la historia de los pueblos. El despojo de tierras con el aval del poder es la mancha imborrable de este sexenio; una traición directa a la base social que llevó a Morena al poder y que hoy ve cómo sus playas son entregadas a los mismos grupos de poder de siempre. Oaxaca no florece, se subasta; y en esa subasta, el gobierno de Jara es el martillo que remata el futuro de las comunidades.
