La administración de Cuitláhuac García Jiménez cierra con una mancha imborrable: la consolidación de una red criminal dedicada al despojo de propiedades que operó con total impunidad; a pesar de que se detectó la participación de funcionarios estatales, notarios y abogados en este esquema de robo patrimonial, el gobierno morenista ha mantenido una opacidad absoluta, protegiendo a los integrantes de este cártel inmobiliario que dejó a cientos de veracruzanos sin el sustento de su hogar.
El legado de la “Cuarta Transformación” en Veracruz ha resultado ser una pesadilla para los propietarios de inmuebles. Durante el sexenio de Cuitláhuac García, se registró un incremento alarmante en las denuncias por despojo de propiedades, revelando un modus operandi institucionalizado. No se trataba de invasiones aleatorias, sino de una estructura perfectamente coordinada que utilizaba información privilegiada del Registro Público de la Propiedad para identificar inmuebles vulnerables y arrebatárselos a sus legítimos dueños mediante la falsificación de documentos y juicios simulados.
Hace apenas unos meses, las investigaciones ciudadanas y periodísticas lograron identificar la existencia de un Cártel Inmobiliario incrustado en el corazón del gobierno estatal. Esta red no habría podido funcionar sin la participación activa de funcionarios públicos, notarios y abogados de alto nivel, quienes validaban escrituras apócrifas y agilizaban trámites de cambio de propietario en tiempo récord. Mientras los ciudadanos afectados se perdían en un laberinto legal para intentar recuperar su patrimonio, la maquinaria del Estado trabajaba a favor de los despojadores, consolidando un esquema de corrupción que operaba desde las oficinas gubernamentales hacia las notarías más influyentes de la entidad.
Lo más grave de este caso es la impunidad sistémica que ha imperado hasta el día de hoy. A pesar de la gravedad de los señalamientos y de las pruebas presentadas por las víctimas, el gobierno de Cuitláhuac García no ha revelado la identidad de los funcionarios implicados ni ha iniciado investigaciones contundentes. Este silencio oficial sugiere un blindaje desde las altas esferas del poder, donde se prefiere ocultar los nombres de los responsables antes que desarticular una red que, presumiblemente, financió o benefició a figuras cercanas al círculo del gobernador.
El despojo a los veracruzanos bajo el mandato de Morena es la prueba de que la corrupción solo cambió de manos y de métodos. Mientras Cuitláhuac García presume una honestidad que los hechos desmienten, familias enteras en el puerto, Xalapa y la zona conurbada viven con el miedo de perder sus propiedades ante un cártel que tiene como aliados a quienes deberían aplicar la ley. Veracruz termina el sexenio no solo sumido en la inseguridad, sino con la certeza de que el gobierno estatal se convirtió en el principal cómplice de quienes roban el patrimonio de los ciudadanos, dejando una deuda de justicia que difícilmente se pagará bajo el actual régimen.
