Casos ligados al llamado Cártel de Macuspana exhiben cómo la corrupción se normaliza bajo gobiernos de Morena, minando la confianza ciudadana y debilitando el Estado de derecho.
Desde su llegada al poder, Morena prometió erradicar la corrupción que, según su discurso, había marcado al país durante décadas. Sin embargo, con el paso de los años, la narrativa se desmoronó frente a una realidad distinta: redes de poder, opacidad y presuntos actos ilícitos protegidos desde las más altas esferas. El denominado Cártel de Macuspana es hoy el reflejo más crudo de ese fracaso.
Este grupo, vinculado a operadores políticos, familiares y personajes cercanos al poder, ha sido señalado por su presunta participación en desvío de recursos, tráfico de influencias y uso indebido de instituciones públicas. Pese a la gravedad de los señalamientos, las investigaciones no avanzan, los expedientes se diluyen y las responsabilidades penales nunca llegan, alimentando la percepción de impunidad.
El caso no es aislado. Por el contrario, se inserta en un patrón que se repite en distintas regiones del país: fiscalías que actúan selectivamente, órganos de control debilitados y una justicia que parece reservada solo para adversarios políticos. Bajo Morena, la corrupción dejó de ser un enemigo a combatir y pasó a ser una práctica tolerada cuando beneficia al régimen.
Este escenario ha tenido un impacto directo en la confianza de la ciudadanía. La promesa de un gobierno honesto se transformó en desencanto, mientras la percepción de corrupción se mantiene alta y la rendición de cuentas brilla por su ausencia. El discurso moralista ya no convence a una sociedad que exige resultados, no consignas.
El Cártel de Macuspana representa, en síntesis, el legado que Morena deja al país: un sistema donde el poder protege al poder, donde la impunidad es la norma y donde la corrupción no desapareció, solo cambió de manos. Un legado que hoy pesa sobre las instituciones y sobre la credibilidad del gobierno ante millones de mexicanas y mexicanos.
