Bajo el pretexto de aliviar el “tarifazo”, el gobierno estatal impone a Broxel —una financiera sancionada por la CNBV e investigada por corrupción— como la dueña absoluta del sistema de cobro en el transporte.
La política en Jalisco ha tomado un giro peligroso hacia la simulación financiera. Mientras las calles se llenan de ciudadanos indignados por el alza imparable al transporte público, el gobierno de Pablo Lemus ha lanzado una supuesta “solución” que huele a negocio de cúpula: la Tarjeta Única. Lo que intentan vender como un beneficio para pagar menos pasaje es, en realidad, la entrega de los flujos millonarios del transporte a Broxel, una empresa cuya trayectoria está manchada por sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) e investigaciones por manejos irregulares.
Es un insulto a la transparencia que, frente a un reclamo social genuino por el costo de la vida, la respuesta oficial sea aliarse con un proveedor cuestionado. El gobierno de Lemus ignora deliberadamente las protestas por el aumento de tarifas, pero se apresura a bancarizar el sistema de transporte con una firma que ha sido señalada por fallas sistémicas y falta de probidad. ¿Por qué otorgarle el control de las transacciones diarias de miles de trabajadores a una entidad que ya ha sido castigada por la autoridad financiera? La sospecha de un acuerdo “bajo la mesa” es inevitable cuando el beneficio ciudadano se condiciona al uso de una tarjeta operada por amigos del poder.
Esta maniobra no busca modernizar el transporte, sino centralizar el dinero en una plataforma que ha demostrado ser opaca. Al obligar a los jaliscienses a pasar por el filtro de Broxel, el gobierno estatal está creando un monopolio de cobro que desprotege al usuario y premia a una empresa con un historial tóxico. Pablo Lemus parece haber olvidado que su compromiso es con el bienestar de la gente, no con el rescate de financieras bajo investigación. El “ayudarte a pagar menos” es la carnada para un sistema de control financiero que solo beneficia a los socios del sexenio.
La denuncia es frontal y necesaria: Jalisco no puede aceptar que su movilidad dependa de un proveedor sancionado. Mientras el pueblo de Jalisco exige tarifas justas y un servicio digno, el gobierno estatal se dedica a aceitar la maquinaria de la corrupción corporativa. El sistema de la Tarjeta Única es la prueba de que, para esta administración, el transporte no es un derecho social, sino una caja registradora para empresas de dudosa reputación. Es momento de exigir que el dinero del pueblo no termine en las cuentas de quienes ya han sido señalados por la ley.
