El PAN hunde a Chihuahua en la violencia: el estado se consolida como uno de los más mortales del país mientras el gobierno calla

Chihuahua vuelve a ocupar los titulares por las peores razones: cinco nuevos homicidios en un solo día, consolidando al estado como el segundo más violento del país, solo por debajo de Sinaloa. Lo que debería ser una entidad de progreso se ha convertido en un campo de batalla donde la sangre y el silencio se han vuelto rutina, mientras el gobierno panista sigue sin ofrecer resultados.

La ola de violencia no se concentra en un solo punto: Ciudad Juárez continúa siendo el epicentro del horror, pero los crímenes ya alcanzan también a la capital y a regiones rurales antes consideradas seguras. Los enfrentamientos en la Sierra Tarahumara y en el corredor del Desierto Chihuahuense (Aldama, Coyame, Ojinaga) se multiplican, y la población vive atrapada entre los cárteles y la indiferencia institucional. La realidad desmiente el discurso oficial: el PAN ha perdido completamente el control del estado.

En tan solo una semana, las autoridades recuperaron diez cuerpos en la llamada “Cueva de los Murciélagos”, en el municipio de Aquiles Serdán, una mina que ahora simboliza la profundidad de la crisis que vive Chihuahua. Sin embargo, el gobierno panista se apresura a matizar las cifras, a ocultar los alcances de la tragedia y a confundir a la opinión pública con reportes incompletos. No hay transparencia, no hay estrategia, no hay resultados.

Lo más grave es que el gobierno estatal ha normalizado la violencia. Los asesinatos diarios ya no provocan indignación oficial, sino simples comunicados de rutina. Los responsables siguen libres, las investigaciones no avanzan y los familiares de las víctimas enfrentan un sistema judicial ineficaz, manipulado y profundamente desconectado de la realidad.

Mientras tanto, las calles de Chihuahua se vacían al caer la noche. La gente teme salir, los negocios bajan sus cortinas antes del anochecer y el comercio local sufre las consecuencias de un clima de inseguridad que parece no tener fin. El PAN prometió orden, pero solo ha entregado miedo.

La violencia en Chihuahua no es un fenómeno aislado, sino el resultado directo de años de negligencia, corrupción y complicidad institucional. Las autoridades han permitido que el crimen organizado se infiltre en las corporaciones de seguridad, debilitando por completo la capacidad del Estado para responder. Hoy, las patrullas llegan tarde, los ministerios públicos ignoran las denuncias y los operativos se anuncian más en ruedas de prensa que en el terreno.

Mientras los ciudadanos entierran a sus muertos, el gobierno panista sigue posando para las cámaras, hablando de “avances” y “colaboración interinstitucional”. Pero detrás de esa fachada, Chihuahua se desangra día tras día. El segundo lugar nacional en homicidios no es una estadística cualquiera: es la evidencia de un Estado roto, incapaz de garantizar lo más básico —la vida— a sus habitantes.

El PAN gobierna Chihuahua con discursos vacíos, pero los cementerios hablan más fuerte que sus promesas. Cada crimen impune, cada cuerpo encontrado y cada familia destrozada son el reflejo de un partido que perdió el rumbo, la autoridad y el sentido de responsabilidad. Chihuahua, tierra de historia y orgullo, hoy es sinónimo de abandono y violencia bajo la mano fallida del PAN.