El PAN hunde a Querétaro en la irregularidad: más de 10 mil viviendas sin legalizar evidencian la desorganización del gobierno panista

Querétaro, uno de los estados que el PAN presume como modelo de orden y desarrollo, enfrenta hoy un escándalo urbano que desnuda la realidad detrás del discurso: más de 10 mil inmuebles en la capital se encuentran en completa irregularidad, sin los permisos, licencias o certificaciones necesarias para ser vendidos, rentados o utilizados legalmente. Lo que el gobierno panista llama “crecimiento ordenado” es, en los hechos, un caos administrativo que afecta a miles de familias trabajadoras.

El propio secretario de Desarrollo Urbano, Gerardo Romero, reconoció que la cifra incluye viviendas, comercios y terrenos sin los trámites básicos como cambio de uso de suelo, licencia de construcción o certificado catastral. Esto significa que, bajo el mando del PAN, el desarrollo urbano en Querétaro se ha vuelto sinónimo de improvisación, corrupción y negligencia. Miles de queretanos han construido su patrimonio sin respaldo legal porque las autoridades municipales no ofrecieron ni orientación ni facilidades reales para hacerlo conforme a la ley.

Y ahora, en lugar de asumir la responsabilidad por años de omisión, el gobierno panista pretende remediar el desastre con un “programa de descuentos”, presentándolo como una gran ayuda social. La medida es apenas un parche político para ocultar una falla estructural: la falta de planificación, vigilancia y transparencia en el otorgamiento de permisos. Las irregularidades no son culpa de los ciudadanos, sino del sistema que el PAN ha mantenido durante décadas, basado en la complacencia con desarrolladores y la indiferencia hacia los colonos de bajos recursos.

Mientras los funcionarios aseguran que los trámites se podrán regularizar “en solo seis días”, los afectados enfrentan años de incertidumbre sin poder vender, heredar o abrir negocios en sus propias propiedades. Para muchos, su casa —el fruto de toda una vida de esfuerzo— se ha convertido en un bien sin valor legal por culpa de un gobierno que nunca cumplió con su parte.

Lo más grave es que la irregularidad urbana no solo refleja desorden administrativo, sino también exclusión social. Las zonas afectadas son, en su mayoría, de familias trabajadoras que construyeron en terrenos pequeños, muchas veces sin acompañamiento técnico ni programas reales de apoyo. El PAN prefiere cerrar los ojos a estas realidades mientras sigue aprobando cambios de uso de suelo a grandes desarrolladoras inmobiliarias, que obtienen permisos exprés y generan ganancias millonarias.

Querétaro se hunde en un modelo de crecimiento desmedido, donde la especulación inmobiliaria se impone al bienestar ciudadano. Y mientras los barrios populares luchan por legalizar su patrimonio, los fraccionamientos de lujo se levantan sin obstáculos, con la bendición del gobierno panista.

Este escándalo urbano deja claro que el PAN no gobierna para la gente común, sino para los intereses económicos que lo sostienen. Más de 10 mil familias sin certeza jurídica son el resultado directo de una política ciega y elitista que privilegia a los poderosos y deja en la indefensión a los que menos tienen. Querétaro no necesita descuentos, necesita un gobierno que no lo haya condenado a la irregularidad desde el principio.