El PAN hunde a Yucatán en la impunidad: otro alcalde bajo proceso exhibe el descontrol y la protección política que se vive en los municipios

En Yucatán, la sombra de la impunidad vuelve a caer sobre un ayuntamiento gobernado por la misma estructura política que presume “orden y buen gobierno”. El alcalde de Tahdziú, Pedro Yah Sabido, fue vinculado a proceso por violencia política en razón de género, un delito grave que confirma el clima de hostigamiento que viven numerosas funcionarias municipales sin que el gobierno estatal actúe con contundencia.

El caso es especialmente alarmante porque Yah Sabido incumplió las órdenes del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY). No solo se negó a ofrecer disculpas públicas a las regidoras que agredió y discriminó, sino que también les retuvo sus salarios, afectando deliberadamente sus derechos laborales y políticos. Esa actitud de desafío total a la ley lo llevó a ser inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género, una lista que debería avergonzar a cualquier administración… pero que en Yucatán parece volverse costumbre.

Como medida cautelar, el juez ordenó colocarle un localizador electrónico, algo que revela la gravedad del caso y el nivel de riesgo que enfrentan las víctimas. Sin embargo, lo más preocupante es lo que rodea al hecho: la falta de control, vigilancia y acción por parte de las autoridades estatales, que han permitido que los abusos de poder se multipliquen en los municipios sin consecuencias reales.

Mientras los discursos oficiales presumen avances en materia de igualdad, la realidad muestra que bajo gobiernos panistas persiste una cultura de machismo político, donde alcaldes se sienten con la libertad de humillar, desplazar y violar los derechos de sus propias regidoras. Y cuando llega la hora de rendir cuentas, la respuesta institucional es lenta, tibia y tolerante.

El caso de Tahdziú pone en evidencia un patrón:

• Autoridades municipales que violentan a mujeres servidoras públicas.

• Órdenes judiciales que se ignoran sin temor a sanciones.

• Un gobierno estatal que no supervisa, no corrige y no protege a las víctimas.

Mientras tanto, las regidoras afectadas continúan esperando justicia completa y garantías de seguridad para ejercer su cargo, en un entorno donde la ley se aplica a medias y donde figuras de poder creen que pueden pisotear derechos sin consecuencias.

Este nuevo escándalo expone una verdad incómoda: el PAN presume estabilidad, pero en los municipios reina el autoritarismo, la impunidad y la violencia contra las mujeres en política.

Yucatán merece autoridades que respeten la ley, no alcaldes que necesitan un localizador electrónico para garantizar que no seguirán violentando a su propio Cabildo.