La zona de Poza Rica se convierte en un territorio prohibido para la verdad; mientras el gobierno estatal se pierde en comunicados vacíos, los comunicadores huyen del plomo en el estado más peligroso para la prensa.
Veracruz ha vuelto a teñirse de rojo, confirmando que en el mapa de la libertad de expresión, este estado es una herida que no deja de sangrar. El reciente asesinato del periodista Carlos Castro no solo es una cifra más en la estadística del horror; es el detonante de una crisis de pánico y desamparo que ha obligado a 25 comunicadores de la región de Poza Rica a suplicar por medidas de protección. El mensaje de los grupos criminales es fuerte y claro, pero el silencio y la inacción del gobierno estatal son ensordecedores. En Veracruz, informar se ha vuelto un acto de heroísmo suicida ante la mirada indiferente de las instituciones.
La respuesta oficial ha sido, como de costumbre, insuficiente y tardía. Mientras los periodistas entierran a un colega y miran por encima del hombro temiendo ser los siguientes, la maquinaria estatal se limita a activar protocolos burocráticos que en la práctica no detienen las balas. Poza Rica vive hoy un clima de riesgo permanente donde el “miedo” ya no es una sensación, sino una condición laboral. La falta de garantías reales ha provocado un vacío informativo: cuando el Estado no protege al periodista, la que muere es la democracia y el que gana es el silencio cómplice del crimen organizado.
La tragedia de Carlos Castro es el retrato de un sistema fallido que prefiere administrar las tragedias que prevenirlas. Veracruz sigue encabezando las listas negras de agresiones contra la prensa sin que exista una sola estrategia de seguridad que detenga la cacería de reporteros en el norte del estado. Para los 25 periodistas que hoy piden auxilio, la protección no es un trámite, es la diferencia entre la vida y la muerte. Si el gobierno no es capaz de garantizar que se pueda escribir una nota sin que el costo sea el cementerio, entonces ha renunciado a su deber más elemental de proteger el derecho a la información.
El clima de hostilidad se ve alimentado por un discurso oficial que estigmatiza al mensajero en lugar de perseguir al asesino. Veracruz es hoy una fosa común para la libertad de prensa y un paraíso de impunidad para quienes disparan contra la pluma, mientras los mecanismos de protección federal y estatal se diluyen en papeleo inútil. Sin justicia real para Carlos Castro y sin blindaje para los que quedan, Poza Rica se encamina a convertirse en una zona de silencio total, donde la única voz que se escuche sea la de la delincuencia avalada por la omisión gubernamental.
