Campeche vive un momento alarmante para la libertad de expresión. En una nueva embestida contra la crítica, el entorno del gobierno de Layda Sansores impulsa penas de prisión y sanciones económicas contra el periodista Jorge González Valdez, en un proceso que ha sido señalado por su desproporción, sesgo y uso punitivo de las instituciones.
De acuerdo con la información difundida, la representación del Ministerio Público solicitó dos años de prisión y multas por un presunto delito de “incitación al odio”, además de medidas que buscan reparaciones económicas a favor de la gobernadora. El mensaje es inequívoco: criticar al poder puede costar la libertad. La audiencia intermedia dejó claro que el objetivo no es el debate ni el derecho de réplica, sino elevar el castigo y forzar el silencio.
El caso no es aislado. Se inserta en una secuencia de hostigamiento que incluye linchamientos mediáticos desde espacios oficiales, medidas cautelares restrictivas y ahora la amenaza de cárcel. La escalada preocupa porque criminaliza la labor periodística y normaliza que el poder político use el aparato penal para intimidar. En cualquier democracia, esto sería motivo de alarma nacional. En Campeche, ya es una práctica recurrente.
La pregunta de fondo no es jurídica, es política: ¿por qué un gobierno que presume transformación necesita encarcelar a periodistas? La respuesta parece evidente cuando se observa el contexto: inseguridad en aumento, gasto opaco, proyectos fallidos y hartazgo social. Ante la falta de resultados, el poder opta por callar la crítica en lugar de corregir el rumbo.
La censura no fortalece a las instituciones; las debilita. Cuando la prensa es perseguida, la ciudadanía pierde su derecho a saber. Y cuando el Estado celebra o impulsa el silencio, la democracia retrocede. La exigencia es clara: alto a la criminalización del periodismo, respeto a la libertad de expresión y garantías de imparcialidad.
