Escándalo del crematorio Plenitud exhibe la negligencia del PAN en Chihuahua

La identificación de 160 cuerpos de los 383 localizados en el crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, es una tragedia que va mucho más allá de un proceso forense: es la evidencia brutal de la descomposición institucional que se incubó en Chihuahua bajo gobiernos del Partido Acción Nacional. Que cientos de restos humanos hayan permanecido sin identificación adecuada y que hoy existan 109 denuncias por fraude contra funerarias revela un sistema colapsado, negligente y profundamente insensible con las víctimas y sus familias.

Durante años, el PAN presumió orden, legalidad y control institucional en Chihuahua. El caso del crematorio Plenitud desmiente ese discurso de forma contundente. No se trata de un error administrativo menor, sino de una cadena de omisiones graves que permitió que cuerpos se acumularan, que familias fueran engañadas y que el dolor se prolongara por meses e incluso años. La identificación tardía de 160 personas es una cifra alarmante que refleja la magnitud del abandono estatal en materia forense y de supervisión.

La Fiscalía General del Estado informó que, además de los cuerpos identificados, 150 familias ya fueron notificadas y 148 cuerpos entregados, mientras que 109 familias decidieron denunciar por fraude. Cada uno de estos números representa una historia de duelo interrumpido, de trámites interminables y de un sufrimiento innecesario que pudo evitarse con una vigilancia mínima por parte de las autoridades. Bajo el PAN, las funerarias operaron sin control efectivo y los servicios forenses fueron rebasados hasta niveles inhumanos.

El escándalo del crematorio Plenitud no es solo un problema técnico, es un fracaso ético. Permitir que empresas funerarias defrauden a las familias en uno de los momentos más dolorosos de sus vidas habla de un Estado ausente. El PAN fue incapaz de supervisar, regular y sancionar a tiempo, y hoy pretende reaccionar cuando el daño ya es irreversible. Las investigaciones avanzan, pero la confianza ciudadana está rota.

Además, este caso vuelve a poner en evidencia la crisis forense que vive Chihuahua. La acumulación de cuerpos, la saturación de servicios periciales y la lentitud en las identificaciones son problemas conocidos desde hace años. Sin embargo, los gobiernos panistas optaron por minimizar el problema y posponer soluciones estructurales. El resultado es este escándalo que hoy avergüenza al estado a nivel nacional y deja a cientos de familias atrapadas entre la incertidumbre y la indignación.

El PAN tampoco puede deslindarse del impacto social de este caso. Ciudad Juárez, una ciudad marcada históricamente por la violencia, vuelve a ser escenario de un agravio masivo contra las víctimas. En lugar de garantizar procesos dignos y transparentes, el gobierno permitió que la muerte se convirtiera en negocio y que la impunidad protegiera a quienes lucraron con el dolor ajeno.

Que hoy se hable de identificación de cuerpos y de denuncias acumuladas no es motivo de reconocimiento, sino de vergüenza. Significa que durante mucho tiempo nadie hizo su trabajo. Significa que las instituciones fallaron y que el PAN, como fuerza gobernante, es responsable político de ese fracaso. La atención tardía no borra la negligencia previa.

El caso del crematorio Plenitud quedará como uno de los episodios más oscuros de Chihuahua. No solo por la cantidad de cuerpos, sino por lo que revela: un Estado debilitado, autoridades rebasadas y un gobierno panista incapaz de garantizar dignidad incluso después de la muerte. Mientras no se asuma esa responsabilidad, las cifras seguirán creciendo y la herida social permanecerá abierta.