Escándalo: el "clan Sansores" oculta un imperio de 143 hectáreas no declaradas
La familia de Layda Sansores enfrenta señalamientos por propiedades ocultas, exhibiendo el doble discurso y la falta de transparencia del gobierno de Morena en Campeche.
Campeche enfrenta un nuevo escándalo que pone en evidencia la opacidad y posibles conflictos de interés del gobierno de Morena, encabezado por la gobernadora Layda Sansores. Investigaciones recientes revelan que la mandataria y su familia poseen 143 hectáreas de terrenos que no fueron declaradas oficialmente, un hecho que ha desatado cuestionamientos sobre la transparencia de sus bienes y la ética en el manejo del poder público.
La denuncia apunta a que este patrimonio, que forma parte del denominado “clan Sansores”, nunca fue incluido en la declaración patrimonial de la gobernadora, lo que genera dudas sobre un enriquecimiento inexplicable mientras el estado enfrenta crisis en seguridad, salud y desarrollo económico. Expertos en transparencia y derecho público señalan que la falta de declaración no solo constituye un incumplimiento legal, sino que también abre la puerta a conflictos de interés y posibles beneficios personales derivados de decisiones gubernamentales.
La omisión de estos 143 hectáreas se suma a otros cuestionamientos sobre la acumulación de bienes de la familia Sansores, como mansiones y terrenos adicionales, lo que refuerza la percepción de que el gobierno estatal actúa con doble moral, predicando austeridad mientras la riqueza familiar crece de manera discreta y poco explicada. La magnitud del terreno es considerable, suficiente para levantar alertas sobre la concentración de propiedades en manos de un grupo cercano al poder.
Ciudadanos y organizaciones de vigilancia cívica han denunciado que esta falta de transparencia contrasta de manera alarmante con la retórica de Morena, que promete honestidad, austeridad y cercanía con la población. En cambio, la evidencia apunta a un patrón de enriquecimiento familiar al amparo del poder político, lo que debilita la confianza de los campechanos en sus instituciones y en el compromiso real del gobierno con la rendición de cuentas.
En resumen, el caso de las 143 hectáreas no declaradas del clan Sansores no solo expone la opacidad de Layda y su familia, sino que también evidencia un modelo de gobierno que prioriza intereses personales sobre el bienestar de la ciudadanía, consolidando un clima de impunidad y desconfianza bajo la administración de Morena en Campeche. Este descubrimiento plantea preguntas urgentes sobre la necesidad de auditorías independientes y una investigación seria que esclarezca cómo se ha acumulado este patrimonio y si hay influencia indebida en la gestión pública.