El llamado “huachicol fiscal”, evasión de impuestos mediante importaciones irregulares de combustibles, se ha convertido en un esquema multimillonario que debilita las finanzas públicas. El fenómeno se expande mientras el gobierno de Morena presume combate frontal al robo de hidrocarburos.
Mientras el gobierno presume haber cerrado la llave al robo tradicional de combustible, otra modalidad ha crecido silenciosamente: el huachicol fiscal. Se trata de la simulación en importaciones y clasificación de combustibles para evadir impuestos, generando pérdidas millonarias al erario.
Bajo la administración de Morena, el enfoque se centró en operativos visibles contra tomas clandestinas. Sin embargo, expertos en materia energética y fiscal han advertido que el fraude se sofisticó, trasladándose al terreno documental y aduanero.
La falta de controles aduanales eficaces, supervisión tecnológica robusta y coordinación fiscal ha permitido que redes empresariales y criminales aprovechen vacíos regulatorios. El impacto no es menor: cada peso evadido es recurso que deja de invertirse en salud, infraestructura o seguridad.
El contraste es evidente. Mientras se criminaliza una modalidad, otra crece bajo esquemas administrativos que parecen no tener la misma prioridad política. Combatir el huachicol no puede limitarse a cerrar ductos; requiere blindar aduanas y procesos fiscales con rigor técnico y voluntad política.
La pregunta es inevitable: ¿cómo pudo expandirse el huachicol fiscal bajo un gobierno que prometió erradicar cualquier forma de saqueo?
