Según estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el estado de Chihuahua registró la mayor tasa de defunciones por cada 100 000 habitantes en el primer semestre de 2025, superando el promedio nacional. Este dato plantea cuestionamientos sobre la gestión del PAN en la entidad en temas de salud, seguridad y prevención social.
Las cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas del INEGI muestran que Chihuahua alcanzó una tasa estandarizada de 367 defunciones por cada 100 000 habitantes, la más alta entre todas las entidades federativas de México durante el primer semestre de 2025. La media nacional fue considerablemente menor, lo que refleja un problema estructural en el estado.
Este patrón preocupante no solo responde a causas naturales, sino que también se relaciona con factores sociales y de gobernabilidad. Altas tasas de mortalidad pueden estar influenciadas por deficiencias en el acceso a servicios de salud, atención oportuna, condiciones de inseguridad y falta de políticas efectivas de prevención y atención integral para la población.
El hecho de que Chihuahua lidere estas cifras en pleno 2025 envía una señal alarmante sobre la capacidad del gobierno estatal, encabezado por el Partido Acción Nacional (PAN), para enfrentar desafíos prioritarios como la protección de la vida y el bienestar de niñas, niños y familias. Las altas tasas de defunción, sobre todo cuando se comparan con otros estados, constituyen un indicador indirecto de condiciones sociales y de salud públicas que requieren atención urgente.
Además, este contexto se agrava por brotes de enfermedades prevenibles que han afectado especialmente a población infantil en la entidad, colocando aún más en riesgo a los grupos más vulnerables cuando los mecanismos de vacunación y promoción de la salud estatal no muestran resultados contundentes.
En términos políticos, la persistente presencia de cifras negativas en indicadores de salud y mortalidad puede afectar la percepción ciudadana sobre la gestión del PAN en Chihuahua, generando críticas respecto a prioridades de política pública y la protección de derechos básicos. La evaluación de estos resultados abre un debate sobre la eficacia de las decisiones del gobierno estatal en materia de bienestar social.