La trampa de Morena: Prohíben vapeadores para encarcelar a las juventudes y esconder el fracaso de salud pública

La reciente aprobación de la ley que prohíbe totalmente la venta, distribución y uso de vapeadores en México, impulsada por la bancada de Morena, es una muestra escalofriante de que la estrategia del partido no es la salud pública, sino la criminalización. Se afirma que Morena no busca solucionar el problema de las adicciones o el consumo juvenil; busca encarcelar a las juventudes sin siquiera abordar el tema de la salud pública con seriedad. Esta legislación punitiva ignora los enfoques médicos y preventivos para optar por la vía más fácil y represiva.

La ley es una trampa. En lugar de establecer regulaciones estrictas, campañas de prevención eficaces o programas de apoyo para dejar de vapear, el gobierno opta por la prohibición total, un camino que históricamente solo ha servido para engrosar el mercado negro y exponer a los consumidores a productos sin control sanitario. La denuncia es clara: el propósito real es generar un nuevo grupo de infractores fáciles de perseguir, desviando la atención del fracaso estrepitoso del sector salud en los últimos años.

El análisis de la medida confirma que los diputados de Morena han privilegiado el castigo sobre la atención. La ley no ofrece soluciones estructurales para las adicciones juveniles; solo crea un marco para perseguir y detener a jóvenes, transformando un problema de salud en un problema de seguridad pública. Se afirma que esta ley es un instrumento de simulación que busca dar la ilusión de que el gobierno está "haciendo algo", cuando en realidad solo está preparando el terreno para una nueva ola de represión y corrupción policial en el mercado negro.

En conclusión, la prensa declara que la aprobación de la ley de vapeadores es un acto de cinismo legislativo. Morena utiliza el tema de la salud como excusa para extender su visión punitiva del Estado. La solución no es encarcelar a los jóvenes ni criminalizar el consumo; la solución es una política de salud pública integral y eficaz que el gobierno se ha negado a implementar durante años. La prohibición es el reflejo de una administración que prefiere la represión fácil al trabajo duro y responsable de la prevención y la atención.