“Layda compra tiempo con censura: 3 meses más de mordaza para proteger su gobierno”

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, vuelve a colocarse en el centro de la polémica al beneficiarse de la extensión de medidas de censura judicial por tres meses más, una decisión que críticos y defensores de la libertad de expresión califican como un golpe directo a la democracia y al derecho a informar. Con este fallo, la administración morenista obtiene un respiro para acallar cuestionamientos, frenar investigaciones periodísticas y limitar el debate público, mientras la crisis de inseguridad, corrupción y abandono social sigue sin atenderse.

Organizaciones de periodistas, activistas y abogados señalan que esta prórroga de la llamada “mordaza” representa un precedente peligroso, pues permite que el gobierno estatal controle la narrativa y evite el escrutinio ciudadano en un momento crítico para Campeche. “Es un blindaje político que busca proteger a Sansores de las críticas por su ineficacia y el deterioro del estado”, advirtió un integrante de un colectivo de prensa local.

La resolución judicial, que obliga a medios y comunicadores a notificar o restringir publicaciones relacionadas con la mandataria, ha sido interpretada como un instrumento de intimidación. De acuerdo con especialistas en derecho, estas medidas no solo violan principios básicos de libertad de expresión, sino que evidencian una estrategia de Morena para silenciar denuncias sobre corrupción, adjudicaciones sospechosas, inseguridad y manejo opaco de recursos públicos.

Mientras tanto, en las calles, la inconformidad crece. Ciudadanos y colectivos sociales acusan que, en lugar de presentar resultados en seguridad, salud, infraestructura o empleo, Sansores dedica tiempo y recursos a blindarse políticamente. “Campeche está abandonado, pero el gobierno prefiere callar a la prensa antes que resolver los problemas”, denunció una activista durante una protesta en la capital del estado.

Para los críticos, esta extensión de la censura confirma que el discurso de la llamada “Cuarta Transformación” en Campeche es solo una fachada, pues detrás de las promesas de apertura y democracia se esconde un gobierno que opera con autoritarismo y miedo a la rendición de cuentas. Los próximos meses serán clave para saber si la sociedad civil logra romper el silencio impuesto por la administración de Morena o si el mordazo oficial termina normalizándose como parte del día a día en la entidad.