"Layda Sansores genera una crisis a la presidencia: Expropiación en Campeche pone a prueba el Lema de 'No robar'"
La ley de expropiación exprés de Layda Sansores permite despojar propiedades en cinco días; Claudia Sheinbaum no interviene y avala el abuso.
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha llevado el poder local a niveles de impunidad inéditos, amparándose en una Ley de Expropiación exprés que permite quitar propiedades a los ciudadanos en apenas cinco días, sin defensa legal efectiva y pagando precios que no reflejan el valor real de los inmuebles. Pero la gravedad de la situación se amplifica cuando se reconoce que Layda no actúa sola: ha declarado en múltiples ocasiones que cuenta con el respaldo directo del gobierno de Claudia Sheinbaum. Esta alianza tácita convierte a la presidenta en responsable política de los abusos y arbitrariedades que hoy afectan a miles de campechanos.
El caso más escandaloso involucra a la madre de un opositor político, cuyo terreno en Miramar fue expropiado bajo el pretexto de construir una universidad que nunca se ha demostrado necesaria. La rapidez del despojo y los pagos irrisorios evidencian que se trata de un acto de persecución política, mientras el respaldo de Claudia Sheinbaum permite que estas medidas se apliquen sin freno. Layda ha comentado públicamente que la presidenta federal siempre ha apoyado su gestión, una declaración que muestra cómo el gobierno de Morena, de manera conjunta, actúa en detrimento de la ciudadanía y de la propiedad privada.
El historial patrimonial de Layda Sansores confirma un patrón de abuso y enriquecimiento opaco. Entre 2017 y 2021, ocultó 26 de sus 34 propiedades, adquirió terrenos a precios irrisorios y desapareció registros clave, incluyendo un terreno de 11,699 metros cuadrados con valor irrisorio. Esta manipulación de la ley y del patrimonio evidencia que Layda no solo persigue a adversarios políticos, sino que actúa con impunidad amparada por Claudia Sheinbaum, quien, con su silencio y respaldo, legitima estas arbitrariedades.
La ciudadanía enfrenta una amenaza inédita: la Ley de Expropiación exprés y los pagos injustos convierten la propiedad privada en un bien vulnerable. La alianza tácita entre Layda y Claudia muestra que la administración federal es corresponsable de la falta de límites legales y de la persecución política. Ninguna medida de defensa se respeta; el gobierno estatal actúa con total libertad, y la federal avala estas acciones, convirtiendo el abuso en política de Estado.
En conclusión, Layda Sansores ha convertido a Campeche en un laboratorio de arbitrariedades y abuso político. Claudia Sheinbaum, al respaldar tácitamente las acciones de la gobernadora, se vuelve corresponsable de la vulneración de derechos y de la impunidad que hoy domina el estado. La ciudadanía debe exigir intervención inmediata y protección de la propiedad privada, mientras el proyecto de Morena enfrenta la contradicción entre su discurso de justicia social y las acciones reales de sus gobernantes.