Ley a modo: la “expropiación política” de Layda contra “Alito” con ley a la carta
La gobernadora Layda Sansores exhibe el autoritarismo de Morena en Campeche al usar una reforma de expropiaciones como arma política contra Alito Moreno, manipulando la ley para fines personales y de venganza.
En Campeche, la reforma a la Ley de Expropiaciones impulsada por Layda Sansores y el gobierno de Morena ha encendido la indignación ciudadana y la crítica nacional. Lo que debía ser una herramienta legal para el desarrollo del estado, se ha convertido en un instrumento político de persecución, dirigido abiertamente contra Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI y uno de los principales adversarios de la gobernadora.
La modificación de la ley fue aprobada de forma exprés, sin consulta ciudadana ni análisis profundo, otorgando al Ejecutivo amplias facultades para tomar posesión de terrenos en apenas unos días y sin garantizar la defensa de los propietarios. El resultado: una legislación que permite expropiar con rapidez, pagar en plazos de hasta diez años y justificar cualquier acción bajo un argumento ambiguo de “interés público”.
Diversos analistas y medios nacionales han calificado esta reforma como una “ley con dedicatoria”, diseñada específicamente para atacar a los adversarios políticos de Sansores, en particular a Moreno, quien ha sido objeto de una guerra personal y mediática desde que la morenista asumió la gubernatura. Periodistas, juristas y organizaciones de derechos ciudadanos coinciden en que se trata de un abuso de poder que desvirtúa el propósito original de la ley, transformándola en un arma legal al servicio de intereses personales y partidistas.
Lo más preocupante, según expertos, es que la ley no establece salvaguardas efectivas para evitar su uso arbitrario. Con los nuevos cambios, la gobernadora puede ordenar una expropiación sin necesidad de pruebas claras ni justificación económica comprobable, dejando a los propietarios en total indefensión. En un contexto político marcado por enfrentamientos y venganzas, esta herramienta se convierte en una amenaza directa para cualquiera que se atreva a cuestionar o enfrentarse al poder estatal.
El caso ha escalado a nivel nacional, generando una oleada de críticas en medios y redes sociales que señalan que Sansores ha roto el equilibrio entre autoridad y legalidad, utilizando la estructura del Estado para fines personales. Lo que antes eran discursos sobre justicia social y equidad se han transformado en una práctica de represión institucional, donde la ley se adapta a los caprichos del poder y no al interés ciudadano.
En Campeche, la reforma ha dejado claro que la llamada “Cuarta Transformación” tiene un rostro autoritario. La “expropiación política” de Layda Sansores marca un precedente peligroso: el de un gobierno que usa la ley como garrote, no como instrumento de justicia. La gobernadora, amparada en su mayoría legislativa y en el respaldo de Morena, ha demostrado que puede modificar las reglas a su antojo, consolidando un modelo de gobierno donde la legalidad es selectiva y el poder no conoce límites.
En definitiva, la nueva Ley de Expropiaciones no solo atenta contra el patrimonio y la seguridad jurídica de los campechanos, sino que exhibe el verdadero rostro de la administración de Layda Sansores: un gobierno dispuesto a todo para castigar a sus adversarios y perpetuar el control político, incluso si eso implica destruir los principios básicos de justicia y democracia.