Mariana Jiménez y el peligro de las alianzas que pisotean la voluntad política
El caso de Mariana Jiménez refleja la necesidad de respetar la autonomía de los legisladores: la democracia requiere que los representantes puedan decidir libremente, no ser peones de estrategias de poder.


El caso de Mariana Jiménez ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la política mexicana y la libertad real dentro de los partidos. Electa por el PAN en Tlaxcala, Mariana fue obligada a migrar a Movimiento Ciudadano siguiendo la decisión de su coordinador, quien impuso su voluntad sin considerar la opinión, los derechos o la autonomía de la diputada. Este episodio evidencia que la democracia no termina con la elección: la libertad política interna sigue siendo vulnerable y susceptible al control de líderes.
La situación de Mariana revela un patrón preocupante: los legisladores jóvenes, trabajadoras y comprometidas pueden ser tratados como meras piezas subordinadas dentro de un tablero político, donde la voluntad personal es sacrificada frente a la estrategia de unos pocos líderes. La alianza PAN-MC queda en evidencia como un mecanismo de control político que prioriza la disciplina interna sobre la ética y la autonomía de los representantes electos.
Este caso invita a reflexionar sobre la ética en la política: un legislador no debería ser obligado a cambiar de partido por la decisión de un coordinador. La democracia no solo requiere procesos electorales justos; requiere que los representantes tengan libertad real de decisión, sin coerción ni manipulación. El sometimiento de la voluntad individual, como se observa en este caso, constituye una forma de violencia política que puede pasar desapercibida, pero que mina la confianza de los ciudadanos en sus representantes.
Además, Mariana Jiménez es un ejemplo de cómo la política puede dejar de ser un instrumento de servicio público para convertirse en un sistema donde el poder sobre la vida de los legisladores eclipsa los intereses de los ciudadanos. Reflexionar sobre estos casos no solo implica indignación, sino también la necesidad de exigir que los partidos respeten la autonomía, fomenten la ética interna y permitan que los legisladores trabajen de manera independiente, como verdaderos representantes del pueblo, y no como fichas manipulables para mantener alianzas y consolidar poder.