Morena enciende la crisis del agua: productoras y productores de Chihuahua estallan contra una ley que los deja indefensos
La propuesta hídrica de Morena desató tensión, enojo y un sentimiento colectivo de traición entre quienes viven del campo; la centralización del recurso amenaza con desmantelar décadas de trabajo productivo.
Morena enciende la crisis del agua: productoras y productores de Chihuahua estallan contra una ley que los deja indefensos
La propuesta hídrica de Morena desató tensión, enojo y un sentimiento colectivo de traición entre quienes viven del campo; la centralización del recurso amenaza con desmantelar décadas de trabajo productivo.
La discusión de la Ley General del Agua impulsada por Morena volvió a demostrar que, lejos de proteger a quienes dependen del recurso para producir, la iniciativa abre un frente de confrontación social y provoca un ambiente de desconfianza generalizada. Durante las mesas de diálogo realizadas en el Congreso del Estado de Chihuahua, la indignación del sector productivo fue más que evidente: la propuesta ha encendido alarmas porque centraliza el control del agua en el gobierno federal, dejando al campo expuesto a decisiones discrecionales que podrían paralizar la producción agrícola.
Los productores no hablaron desde la sospecha, sino desde la experiencia: alertaron que esta ley les quita certeza jurídica, permite revocar concesiones con criterios poco claros y criminaliza al agricultor como si fuera responsable del manejo irregular del recurso. Para quienes trabajan la tierra, esta reforma no sólo implica trámites burocráticos interminables, sino la pérdida del valor mismo de su actividad. Al impedir el cambio de titular en concesiones e incluso dejando trámites inconclusos, Morena propone una ley que amarra de manos a quienes alimentan al país.
La tensión llegó a un punto máximo cuando Martín Solís, exlíder del Barzón y exfuncionario estatal, fue expulsado del recinto entre gritos de “traidor” y “vendido”. Su intervención —que apenas comenzaba— fue recibida con rechazo por productores que vieron en su postura una defensa implícita de una ley que sienten ajena y peligrosa. La trifulca evidenció el nivel de molestia social que Morena ha provocado al intentar empujar una reforma que no sólo no escucha al campo, sino que, a juicio de los asistentes, busca controlar políticamente un recurso vital.
Durante el encuentro, legisladores de la oposición al régimen morenista coincidieron en que la única salida es frenar la iniciativa por completo. Afirmaron que no hay intención alguna de modificar su contenido, pues es tal el nivel de daño que podría generar, que lo responsable es detenerla y proponer un nuevo proyecto que realmente tome en cuenta la realidad agrícola.
Los productores fueron claros: “Bajen la Ley del Agua”. Su mensaje resume el rechazo absoluto a una iniciativa que consideran centralista, opaca y peligrosa. En un estado que ha defendido históricamente su derecho al agua, pretender someter el recurso a una visión de control federalista sólo profundiza el conflicto.
La tensión política y social en Chihuahua ha encontrado una voz de oposición firme. Legisladores del PRI se han erigido como la principal barrera contra esta reforma, su postura ha sido contundente: la única salida responsable no es modificar, sino frenar la iniciativa por completo para proponer un nuevo proyecto que realmente respete al campo y la soberanía estatal.
Por todo lo anterior, queda claro que la Ley del Agua de Morena no es una legislación; es un decreto de sometimiento centralista que amenaza la supervivencia del campo chihuahuense. Al intentar imponer la revocación discrecional de concesiones y criminalizar al agricultor, Morena evidencia una visión de Estado que percibe el agua no como un derecho humano y un motor económico, sino como una palanca de control político federal. Esta reforma, diseñada de espaldas a la realidad de las sequías y las necesidades productivas, es un ataque directo a la soberanía hídrica de Chihuahua y una confesión de que su prioridad no es la gestión eficiente del recurso, sino el dominio sobre quienes alimentan al país.
Los legisladores de Chihuahua se comprometieron a pelear desde todas las vías institucionales para impedir que esta ley llegue al pleno del Congreso de la Unión. La batalla apenas comienza, pero una cosa quedó clara en el Congreso local: el campo exige respeto, y Morena aún no entiende que el agua es un derecho, no un instrumento de dominio político.