Una senadora del oficialismo impulsa una reforma para aliviar la carga tributaria al mezcal artesanal, evidenciando fallas en el modelo fiscal que afecta a miles de productores.
La economía del mezcal artesanal en México se ha convertido en el reflejo de una contradicción dentro del propio gobierno. Mientras una senadora de Morena impulsa una reforma para reducir la carga fiscal a esta bebida tradicional, el debate de fondo exhibe un problema mayor: el régimen tributario actual ha tratado al mezcal como si fuera un producto de lujo, afectando directamente a miles de productores.
La propuesta busca beneficiar a cerca de 20 mil familias dedicadas a la producción de mezcal en todo el país, muchas de ellas en estados como Guerrero, donde esta actividad representa una fuente fundamental de ingreso. Sin embargo, el hecho de que ahora se busque corregir el esquema fiscal deja en evidencia que durante años se ha mantenido una política que castiga a uno de los productos más representativos de la cultura mexicana.
El problema no es menor. Los impuestos elevados han reducido la competitividad del mezcal frente a otras bebidas, limitando su crecimiento en el mercado nacional e internacional. Para los productores, la carga fiscal no solo representa un obstáculo económico, sino también una barrera que pone en riesgo la continuidad de una tradición ancestral.
Lo que hoy se presenta como una reforma necesaria también es, para muchos críticos, un reconocimiento implícito de errores dentro del propio modelo económico impulsado por Morena. Si el sistema fiscal estaba afectando a miles de familias, la pregunta inevitable es por qué se permitió que la situación llegara a este punto.
La paradoja es clara: un gobierno que dice defender lo nacional terminó imponiendo condiciones que debilitan a uno de los sectores más emblemáticos del país. Ahora, la corrección llega tarde para muchos productores que han tenido que enfrentar años de desventaja.
El debate sobre el mezcal no es solo fiscal, es político. Porque cuando una política pública termina afectando a quienes debería proteger, el problema ya no es técnico, es estructural. Y hoy, el propio gobierno se ve obligado a reconocerlo.
