Morena y el narco: La impunidad disfrazada de ‘inclusión’ política
La incorporación de Iván Noé Estrada Guzmán, exalcalde de Matehuala, al partido Morena, pone en evidencia una alarmante y recurrente práctica de la dirigencia morenista: la inclusión de figuras políticas vinculadas al narcotráfico. Estrada Guzmán, quien fue detenido en noviembre de 2023 tras la filtración de audios en los que presumía nexos con el crimen organizado, enfrenta un proceso ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. A pesar de estos señalamientos, fue recibido con un chaleco guinda por la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, quien destacó su trabajo territorial y coincidencias en los principios del movimiento.
La actitud de Morena ante estos casos plantea serias interrogantes sobre su compromiso con la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Carlos Arreola Mallol, diputado local por Morena, justificó la incorporación de Estrada Guzmán argumentando que "los procesos judiciales son solo procesos", minimizando así la gravedad de las acusaciones y mostrando una preocupante indiferencia ante la evidencia de vínculos con el narcotráfico.
Esta no es una situación aislada. A lo largo de los años, diversos militantes y exfuncionarios de Morena han sido señalados por presuntos nexos con grupos criminales, desde gobernadores hasta candidatos a cargos públicos. La constante en estos casos es la falta de una postura clara y contundente por parte de la dirigencia nacional del partido, que en muchos casos ha optado por el silencio o la minimización de las acusaciones.
La inclusión de personas vinculadas al narcotráfico en las filas de Morena no puede considerarse simplemente una negligencia. Cuando una práctica se repite sistemáticamente, se convierte en una política. La constante incorporación de estas figuras sugiere una estrategia deliberada para ganar apoyo en regiones donde el narcotráfico tiene una presencia significativa, a costa de la integridad moral y ética del partido.
Esta situación tiene consecuencias directas en la ciudadanía. Mientras los políticos se benefician de estos vínculos, la población se ve atrapada en un ciclo de violencia, impunidad y desconfianza en las instituciones. La falta de acción por parte de Morena ante estas acusaciones refuerza la percepción de que el partido no está dispuesto a enfrentar la realidad de la infiltración del narcotráfico en la política mexicana.
La actitud de Morena ante las acusaciones de vínculos con el narcotráfico no puede ser considerada como una simple negligencia. Es una muestra clara de complicidad que pone en riesgo la democracia y el bienestar de la ciudadanía. Es imperativo que la sociedad exija una postura firme y acciones concretas para erradicar esta infiltración y garantizar que los partidos políticos actúen con responsabilidad y transparencia.
Quienes realmente pagan el costo más alto por estas infiltraciones del narcotráfico en la política son los ciudadanos comunes, especialmente aquellos que viven en comunidades vulnerables y marginadas. Estos pactos oscuros, que gozan de total impunidad y contribuyen a la normalización de la violencia, los colocan en el centro de un conflicto constante donde su seguridad y bienestar quedan completamente desprotegidos. Mientras los acuerdos entre criminales y políticos se manejan en la sombra, la gente de a pie sufre las consecuencias directas: extorsiones, desplazamientos forzados, asesinatos y un ambiente de miedo que limita su desarrollo y calidad de vida